Según informó el Ministerio del Interior, el aparato desarticulado operaba en territorio español y francés y su cometido era la gestión y recaudación del conocido como "impuesto revolucionario", que la organización criminal exige a empresarios e industriales, fundamentalmente en la Comunidad Vasca y Navarra.

Según Interior, la operación, que tiene su origen en un sumario de 1998, ha sido dirigida por el juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska y la jueza francesa Laurence Levert.

Los detenidos en Francia son Ángel Iturbe Abásolo, responsable de la red, así como José Luis Cau Aldanur, Julen Kerman de Madariaga y Aguirre, María Cristina Larrañaga Arando, Eloy Uriarte Díaz Guereñu, María Izaskun Ganchegui Arruti y José Ramón Badiola Zabaleta.

En España, los arrestados son Joseba Imanol Elosúa Urbieta, José Carmelo Luquín Vergara, Ramón Sagarzazu Olazaguirre, Jean Pierre Harocarene Camio y Ignacio Aristizábal Iriarte.

DOS AÑOS DE INVESTIGACIÓN

Según Interior, la operación está directamente relacionada con las investigaciones que durante los dos últimos años se han desarrollado en España y Francia por un equipo conjunto de investigación creado en torno a las actividades criminales desarrolladas por ETA. Estas investigaciones tiene su origen en el sumario abierto en 1998 en la Audiencia Nacional.

De acuerdo con las investigaciones, los detenidos en esta red organizada de extorsión se dedicaban desde Francia, donde estaba la dirección de la red, a coordinar y canalizar los intentos de chantaje, para lo cual contactaban con los empresarios.

Estas funciones las realizaban Cau Aldanur, Larrañaga Arando, Uriarte Díaz de Guereñu, Sagarzazu Olazaguirre y Badiola Zabaleta. Todos los anteriores actuaban bajo la dirección de Iturbe Abásolo.

En España, los detenidos realizaban labores de intermediación de la red de chantaje, para lo cual establecían contacto con los extorsionados, activaban el proceso de negociación, articulaban plazos y vías seguras de pago.

BLANQUEO DE DINERO

Además, entregaban los "recibos" por la entrega del dinero, al tiempo que distribuían y ponían en circulación las cartas de extorsión. Los arrestados en España algunas veces recibían el dinero y actuaban como "enlaces". Estas actuaciones las desarrollaban Elosúa Urbieta, Luquin Vergara y Harocarene Camio.

Al mismo tiempo, los etarras arrestados que actuaban a este lado de la frontera invertían el dinero obtenido y lo hacían desaparecer de los circuitos financieros regulares trasladándolo a paraísos fiscales.

En la operación, que aún continúa abierta, se están practicando 14 registros en la provincia de Guipúzcoa y 2 en la de Alicante. Igualmente, se ha procedido al embargo de bienes patrimoniales con un valor estimado en la actualidad superior a los 700.000 euros.

Además, se ha intervenido un establecimiento de hostelería, que era regentado por Elosúa Urbieta. La clausura de este negocio ha sido ordenado por el juez, así como el embargo de otros inmuebles presuntamente adquiridos en su día con los beneficios obtenidos del pago de las extorsiones.

Por otra parte, se han bloqueado los saldos de más de medio centenar de cuentas bancarias domiciliadas en entidades financieras españolas y francesas, cuya naturaleza está siendo investigada. Además, en Francia se llevan a cabo seis registros domiciliarios.