La Fiscalía asegura que los dos empresarios actuaron “de común acuerdo y con ánimo de obtener un exagerado e injustificado beneficio económico”, y llega a explicar que el precio real de venta de las mascarillas era de 2.689.300 dólares, cantidad que los querellados inflaron artificialmente para llevarse como beneficio neto de la operación 4.000.000 dólares, es decir, el 148% del precio real del producto.

Anticorrupción detalla en su escrito que la persona que inicialmente contactó con el Ayuntamiento de Madrid fue Luis Medina, que aprovechó para concretar el acercamiento que era amigo de un familiar del alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, y que era una persona con relevancia pública.

A partir de ese primer contacto, la Administración municipal le facilitó el nombre de la coordinadora general de Presupuestos y Recursos Humanos del Área de Gobierno de Hacienda y Personal del Ayuntamiento de Madrid para que acordaran los detalles del contrato.

Las pesquisas apuntaban a que los contratos se realizaron con la Empresa de Servicios Funerarios y Cementerios de Madrid, de la que esta persona de contacto era consejera. Tras el contacto inicial, las negociaciones se culminaron con Luceño.

La querella se ha presentado en los juzgados de instrucción de Madrid como resultado de unas diligencias abiertas desde el pasado mes de noviembre de 2020 por la Fiscalía Anticorrupción, que considera acreditado que ambos empresarios cobraron del Ayuntamiento de Madrid un total de 11,9 millones de dólares (10,9 millones de euros) de los que seis millones de euros fueron el pago por sus gestiones.

TRES CONTRATOS

En concreto, la Fiscalía tiene bajo su lupa tres contratos. El primero de ellos se firmó por 6,6 millones de dólares para la compra de un millón de mascarillas FFP2/ KN95, que contemplaba la donación de 183.000 unidades más. El segundo suponía el pago de 4,8 millones de dólares para la adquisición de 250.000 test; y el último, por cinco millones de dólares, se firmó para la compra de 2,5 millones de pares de guantes. De éste último contrato se devolvieron cuatro millones por que el material no se correspondía con la calidad del producto que se acordó.

Según la información facilitada por el Ayuntamiento después de conocerse que Anticorrupción está investigando, se pagaron 12,3 millones de dólares a la empresa Leno, que suscribió los contratos ajustados a los precios “según oferta y demanda del momento". Y desvela que entre marzo y julio de 2020 se realizaron 59 contratos de emergencia para adquirir material para los empleados municipales, todos ellos remitidos al Tribunal de Cuentas.

La querella indica que ambos empresarios actuaron “de común acuerdo y con ánimo de obtener un exagerado e injustificado beneficio económico”, al ofrecer al Ayuntamiento de Madrid la posibilidad de adquirir grandes remesas de material sanitario (mascarillas, guantes, etc.) fabricado en China.

En los contactos con el Ayuntamiento, Luceño se presentó como “experto en importación de productos procedentes del mercado asiático, con fábricas en China a su disposición, y como agente exclusivo de la empresa malaya EEE a través de la cual se iba a realizar la importación”.

NO ERA ALTRUISTA

Asimismo, dijo actuar movido por “el deseo de colaborar en la lucha contra la pandemia”, cuando, “en realidad, ni tenía experiencia significativa en negocios de importación ni disponía de fábricas en China, del mismo modo que tampoco era agente exclusivo de ninguna empresa malaya ni actuaba movido por ninguna intención altruista”.

Como resultado de las gestiones llevadas a cabo por Alberto Luceño, se firmaron tres contratos entre la Empresa de Servicios Funerarios y Cementerios de Madrid en calidad de compradora y la compañía malaya EEE, como vendedora, para adquirir el siguiente material sanitario de fabricación china.

Los precios de los distintos productos “los fijó Alberto Luceño y los impuso al Ayuntamiento de Madrid, amparándose en su falsa posición de fabricante y agente exclusivo de la compañía vendedora”. Al hacerlo, “ocultó que un elevado porcentaje del precio ofertado (aproximadamente el 60% en el caso de las mascarillas, el 81% en el caso de los guantes y casi el 71% en el caso de los test) correspondía a comisiones que los querellados iban a percibir”.

Tras detallar los precios y pagos realizados a la empresa suministradora y lo pagado por el Ayuntamiento de Madrid, Anticorrupción concluye que el precio real de venta de las mascarillas era de 2.689.300 dólares y que los querellados lo inflaron artificialmente para llevarse como beneficio neto de la operación 4.000.000 dólares, es decir, el 148% del precio real del producto.

En el caso de los guantes de nitrilo, Alberto Luceño había asegurado que la compra sería de guantes de 40 mm de longitud, de gran calidad y que cubrían la mayor parte del brazo. Sin embargo, los guantes que se recibieron en Madrid el 8 de abril de 2020 eran guantes de ínfima calidad y que solo llegaban hasta la muñeca.

Al advertirlo, el Ayuntamiento pidió a Luceño que solucionase el problema y la responsable le envió una fotografía tomada en un supermercado de Madrid ese mismo día y en la que se podía comprobar que un par de guantes de la misma calidad y características que los guantes recibidos, por los que el Ayuntamiento de Madrid había pagado dos dólares la unidad, se ofrecían al público por poco más de 0,08 euros. El empresario adujo entonces que tras hablar con el proveedor había conseguido dejar el precio en 0,39 dólares, por lo que devolvería al Ayuntamiento algo más de cuatro millones de dólares, que se hizo mediante transferencia bancaria.

En realidad, según indica la Fiscalía ,“había sucedido algo muy distinto, pues 0,38 dólares era el precio por cada par de guantes que EEE había fijado a Alberto Luceño para la venta desde un principio; el resto hasta llegar a dos dólares, o sea, 1,62 dólares por par de guantes, representaban las comisiones pactadas con los querellados”.

LOS TEST

Dice la querella de la Fiscalía que en el caso de los test rápidos se había pactado una comisión idéntica para ambos querellados, de 915.000 dólares, y otra adicional solo para Alberto Luceño, cuya existencia no conocía Luis Medina, de 1.185.000 dólares; en total, 3.015.000 dólares en comisiones (el 244% sobre el precio real del producto).

Como consecuencia de la renuncia a las comisiones en la operación de los guantes y con la intención de preservar íntegras sus comisiones en esta última operación, dice la querella, Alberto Luceño decidió que Luis Medina no iba a cobrar su comisión y así se lo transmitió a los responsables de EEE, desde cuya cuenta se emitió una transferencia de 300.000 dólares a la cuenta de Alberto Luceño, para completar las comisiones de 2.100.000 dólares pactadas con él por la compraventa de los test rápidos covid-19, pues 1.800.000 dólares ya se habían transferido previamente por la operación de los guantes.

Gran parte de los test covid-19 que recibió el Ayuntamiento de Madrid eran defectuosos. Concretamente, de los 250.000 test recibidos, solo 75.000 tenían un nivel de sensibilidad aceptable (94%); 115.000 tenían un nivel de sensibilidad del 80%, y un lote de 60.000 test tenía un nivel de sensibilidad especialmente bajo, del 66,7%, por lo que la representante del Ayuntamiento contactó con Alberto Luceño para que, al menos ese lote, se devolviera al vendedor y se recuperara el precio pagado.

En este caso, Luceño contestó que el vendedor no estaba dispuesto a devolver el precio, pero sí a enviar una nueva remesa de reactivos para realizar los test, pues consideraba que el defecto causante de la baja sensibilidad se corregiría con esos nuevos reactivos. Sin embargo, “no consta que hasta la fecha se hayan enviado nuevos reactivos ni que se haya corregido de otra manera el defecto de sensibilidad de los test”.

DOCUMENTOS FALSOS

Tras los requerimientos de documentación acreditativa de la naturaleza y el origen de los fondos recibidos, Luceño presentó varios documentos, en los que figuraba su firma y la del supuesto director de la empresa china EEE y la carta de designación de Alberto Javier Luceño Cerón y otra persona identificada como CCC, como agentes exclusivos de la compañía china para el suministro y obtención de productos de carne congelada (incluidos productos de protección sanitaria) para su importación y exportación a China y otros mercados asiáticos, fechada el 12 de septiembre de 2018.

"Ninguno de estos documentos es auténtico”, sentencia Anticorrupción, que asegura que “fueron elaborados por Alberto Luceño”, al que también responsabiliza de simular la firma del director de la empresa suministradora.

El Ministerio Público señala también que con el dinero “recibido desde Malasia e ingresado en su cuenta personal”, Alberto Luceño costeó una estancia en un hotel de lujo de Marbella por la que pagó 60.000 euros, tres relojes de oro Rolex por un importe total de 42.450 euros, siete vehículos de alta gama Aston Martin, Ferrari, Mercedes, BMW, Range Rover y KYM por más de un millón de euros y una vivienda en Pozuelo de Alarcón valorada en más de 1,1 millones de euros.

Además, algunos de los coches los usó en el pago de la compra de otros cinco vehículos Porsche, Lamboghini, McLaren o Mercedes. Todos esos bienes se compraron a nombre de una empresa de la que Luceño es el propietario y único administrador.

También Medina fue requerido para conocer la procedencia de sus ingresos desde Malasia. Presentó similares documentos, también falsos y confeccionados por Luceño con firmas simuladas. Por su parte, el hijo del duque de Feria adquirió con lo cobrado un yate por valor de 325.515 euros e invirtió 200.000 euros en Bono Nota Global Dividend 10-50 y en Bono Nota Phoenix MSCI World.