El texto aumenta las medidas de protección para los colectivos sociales más vulnerables, como la infancia y las personas con problemas de adicción, además de incluir disposiciones para evitar el monopolio en el sector.

Una de las principales novedades es el establecimiento de una distancia mínima de separación de cincuenta metros entre los centros educativos y los salones recreativos.

Asimismo, el decreto prohíbe la colocación de máquinas de juego en bares de centros docentes, en el exterior de bares-quiosco y en aquellos establecimientos hosteleros que no estén totalmente aislados del paso del público dentro de centros comerciales, cines, estaciones y aeropuertos.

De igual modo, se obliga a instalar controles de admisión en los salones de juego que tienen máquinas interconectadas con otras salas (formando una red que ofrece premios más cuantiosos), a fin de impedir, como actualmente en los bingos, el acceso de personas incluidas en el registro de prohibidos (que solicitan que se les vete la entrada para evitar el riesgo de adicción).

El reglamento también fija por primera vez las dimensiones mínimas (10x15 centímetros) de los carteles de prohibición de uso para menores y de advertencia sobre el riesgo de adicción que todas las máquinas de juego deben llevar en su parte frontal.

En cuanto a los contenidos, se prohíben de forma expresa los mensajes con tintes racistas, sexistas, pornográficos, que hagan apología de la violencia o que puedan herir la sensibilidad de los usuarios o perjudicar la formación de los jóvenes.

Estas limitaciones se dirigen a garantizar los derechos fundamentales de las personas, especialmente la dignidad de las mujeres.

En líneas generales, el decreto centra su regulación en la presencia de máquinas de juego en establecimientos de hostelería y en las condiciones que han de cumplir los salones recreativos, los salones de juego y los casinos.

Se excluyen de la normativa todas las máquinas que no conllevan premios en metálico o en especie (tocadiscos, videodiscos, videojuegos, entretenimiento infantil, futbolines, billares y similares).

Con la nueva reglamentación se crea un registro en el que deberán estar inscritas todas las compañías que operan en el sector, desde fabricantes e importadores a titulares de salones, con el fin de asegurar que cumplen con la legalidad y garantizar una competencia leal. También se abrirá un registro específico para directivos y empleados de empresas de juego.

En lo relativo a la ordenación del sector, el decreto introduce diversas medidas para evitar actitudes monopolísticas. De este modo, prohíbe que un mismo empresario tenga acciones o participaciones en más de ocho firmas relacionadas con el juego. Asimismo, con el fin de evitar la concentración de locales, obliga a que los salones estén separados entre sí por una distancia mínima de cien metros.

UN SECTOR DE PYMES

El sector del juego privado en Andalucía se caracteriza por la presencia de un gran número de pequeñas y medianas empresas, al contrario que ocurre en el resto del país, donde la tendencia ha sido a la concentración y el duopolio.

Actualmente funcionan en la comunidad alrededor 5.000 firmas dedicadas a esta actividad, la mayoría de ellas pymes e incluso empresas de tipo familiar, con un total de 7.000 empleos directos.

El sector, que no recibe ayudas públicas, aporta cada año a las arcas autonómicas cerca de 300 millones anuales en impuestos. Andalucía ocupa actualmente el número 15 en la lista de comunidades autónomas por volumen relativo de juego, con 284 euros per cápita. En términos absolutos, debido a su población y extensión, se sitúa tras Madrid y Cataluña.