Fuentes judiciales indicaron que quedarán aplazadas las declaraciones previstas para esos dos días en la Audiencia Nacional.

En concreto, mañana miércoles estaba prevista la declaración de la exasesora de Pablo Iglesias en el Parlamento Europeo, Dina Bousselham; de su pareja de entonces, Ricardo Sa Ferreira; y del exdirector Adjunto Operativo de la Policía Eugenio Pino.

Todos ellos y los peritos de la Policía que hicieron el último informe sobre la tarjeta de memoria del teléfono móvil robado a Bousselham estaban citados a declarar mañana, como última diligencia en la investigación de este asunto que está en su recta final, dado que los agentes especializados no han podido determinar la identidad de la persona que accedió por última vez a la tarjeta, ni al responsable de su destrucción.

Los Letrados de la Administración de Justicia están en pie de guerra para reclamar la aplicación de mejoras salariales pendientes y de una negociación colectiva propia. Ya estuvieron en huelga el pasado mes de enero y según sus datos casi tres cuartas partes de los antes llamados secretarios judiciales la habrían secundado, provocando también una catarata de cancelaciones de actos judiciales.

ÚLTIMAS DILIGENCIAS

Ahora el magistrado titular del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional tendrá que fijar una nueva fecha para realizar estas declaraciones. Ésta será la última de las diligencias que practicará el magistrado antes de dar por concluida la instrucción de esta pieza separada del ‘caso Kitchen’.

Estos interrogatorios se realizan a petición de la Fiscalía Anticorrupción, que presentó un recurso contra el cierre del caso al entender que aún se podría aclarar el origen de la publicación en medios de comunicación de parte de la información que contenía el móvil de Bousselham, que perjudicaba la imagen de Iglesias justo antes de la celebración de unas elecciones.

Ese terminal le fue robado a la asesora en noviembre de 2015, mientras visitaba un centro comercial. Busselham denunció la sustracción. El contenido de ese dispositivo acabó en manos de medios de comunicación y fue el presidente del Grupo Zeta, Antonio Asensio, quien acabó haciéndole llegar la tarjeta de memoria del teléfono a Iglesias unos meses después, cuando ya se habían celebrado las elecciones generales en las que Podemos se convirtió en la tercera fuerza parlamentaria.

Pese a haber recibido la tarjeta en enero de 2016, Iglesias no se la devolvió a su asesora hasta el mes de julio completamente destruida. Para entonces, 'OKDiario' había publicado varias conversaciones que perjudicaban la imagen del líder de Podemos, según sospechan los investigadores, por mediación del comisario jubilado José Manuel Villarejo.

Las evidencias sobre la participación de Villarejo en este asunto se obtuvieron en los registros que la Policía realizó en su domicilio en 2017 y donde se incautaron diversos dispositivos de memoria en los que se encontraron archivos denominados ‘Dina 2’ y ‘Dina 3’ con información procedente del móvil de Bousselham.

El magistrado García Castellón elevó en 2020 una exposición razonada al Tribunal Supremo (TS) para que se investigara a Pablo Iglesias, que en ese momento era vicepresidente del Gobierno y, por tanto, aforado. El Supremo le devolvió el asunto al juez y le pidió que siguiera investigando.

La declaración de Bousselham es especialmente significativa porque si no señala a Iglesias como el posible responsable de la destrucción de la tarjeta de memoria no habrá delito que imputar y, por tanto, el caso se cerrará sin acusación.