La investigación identificó el uso a gran escala del programa espía 'Pegasus' contra periodistas y miembros de organizaciones de la sociedad civil en el país centroamericano y ahora expertos del Laboratorio de Seguridad de Amnistía Internacional han revisado el informe y verificado de forma independiente las pruebas forenses que demuestran ese uso abusivo.

“El uso de Pegasus para vigilar comunicaciones en El Salvador devela una nueva amenaza para los derechos humanos en el país. Las autoridades deben detener cualquier esfuerzo dirigido a restringir la libertad de expresión, y llevar a cabo una investigación imparcial y exhaustiva para identificar a los posibles responsables”, dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

Según AI, análisis forense confirmó que cada dispositivo de los periodistas analizado estaba infectado con el programa espía ‘Pegasus’. Los primeros indicios de ataque en los dispositivos de la muestra se produjeron en julio de 2020 y los signos de amenaza o intento de ataque continuaron hasta noviembre de 2021.

“Esta investigación demuestra que, una vez más, en el mundo se sigue abusando del software espía ‘Pegasus’ para vigilar ilegalmente a los periodistas a gran escala, incluso después de las importantes revelaciones del Proyecto Pegasus”, añadió Guevara Rosas.

Además, alertó de que “hasta ahora no se ha hecho globalmente lo suficiente para frenar la vigilancia selectiva ilegal. Es urgente que los gobiernos apliquen una moratoria mundial sobre la venta, la transferencia y el uso de programas espía hasta que se establezcan salvaguardias y garantías de derechos humanos".

AI sostiene que desde que el presidente Nayib Bukele tomó posesión en 2019, la situación de los derechos humanos en El Salvador “ha ido degradándose de forma acelerada” y la libertad de expresión ha sido uno de los derechos que encuentra más obstáculos para su libre ejercicio “y, de forma reiterada, funcionarios del Estado han expresado públicamente su negativa de aceptar el disenso y mostrado un esfuerzo sostenido por desacreditar a quienes exponen las prácticas de las autoridades que violan o ponen en riesgo los derechos humanos”.