La organización también ha trasladado a los grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados y el Senado sus recomendaciones sobre la futura Ley de Vivienda con “tres prioridades claves: “límites al incremento de precios para todos los contratos de alquiler en las zonas tensionadas”, “protección ante desalojos para que ninguna persona quede en la calle como consecuencia de los mismos” e “incrementos concretos anuales del porcentaje de vivienda social hasta alcanzar la media europea, como mínimo”.

A su vez, Amnistía Internacional ha activado una “ciberacción” para exigir que los grupos parlamentarios trabajen para la concreción de estas prioridades.

Por ello, ‘#ViviendaEsDerecho’ tiene como objetivo que “la primera Ley de Vivienda que se aprueba en democracia garantice este derecho sin discriminación y ponga límite a los abusos que hasta ahora se han cometido y que siguen provocando que desde 2013 se hayan producido más de 500.000 desalojos y la población encuentre grandes dificultades para acceder a una vivienda digna y poder mantenerla”, según atestiguó Nuria Berro Fernández, responsable de la campaña.

A su juicio, la Ley de Vivienda, actualmente en fase de enmiendas, supone “un paso adelante”, pero arguyó que “tiene aspectos clave a mejorar para garantizar la protección de este derecho”.

En ese sentido, Amnistía Internacional exigió que la ley obligue a los tribunales a garantizar que “las personas en situación de vulnerabilidad que enfrenten un desalojo no queden abocadas a una situación de sinhogarismo, asegurando que las administraciones competentes lleven a cabo las medidas oportunas para asegurar una vivienda alternativa en estos casos”.

Cabe recordar que España, según AI, es el país del mundo que acumula más condenadas del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU por haber vulnerado el derecho a la vivienda; mientras que otros mecanismos internacionales, como el Relator Especial de la ONU sobre extrema pobreza y derechos humanos, han instado sus autoridades a mejorar el acceso en términos económicos a la vivienda.

La organización saludó que la norma incluya una serie de medidas para el control de precios, pero consideró necesario ampliarlas para que “sean efectivas y garanticen que la vivienda es asequible para las personas”.

También reseñó la importancia de que el texto incluye “un objetivo cuantificable de porcentaje anual de incremento del parque de vivienda social”, teniendo en cuenta que España tiene un 1,6% de vivienda social, “muy alejado” de Países Bajos (30%), Austria (24%), Dinamarca (20%, Suecia (19%), Reino Unido (17,6%) y Francia (16%), para “alcanzar como mínimo el estándar de países de nuestro entorno de la Unión Europea”.

La ley, según Amnistía, debería “atender específicamente las necesidades de las mujeres, con medidas concretas que mejoren su acceso a la vivienda, especialmente aquellas que, además, son jóvenes, migrantes, discapacitadas o en situación de pobreza”.

Por último, conminó a que la normativa estatal “debe contemplar y recoger aquellas medidas que se consideren relevantes ya existentes en la legislación autonómica al respecto”, citando los casos de Cataluña y País Vasco.