Diez años después de la aprobación de la Convención sobre los Derechos del Niño, no existe legislación en España ni en la Unión Europea que proteja a los menores de edad del fomento de estas práctics atentatorias contra los derechos humanos, subraya un documento elaborado por la Sección Española de AI.

Un juguete que puede encontrarse en las tiendas españolas pese a haber sido denunciado el año pasado es la "Unidad de Tortura", de la empresa Bandai.

Entre los videojuegos, el informe destaca "El Guardián de la Mazmorra 2", editado por Bulfrog. En el folleto de presentación del videojuego se estimula la práctica de la tortura: "A estas arpías vestidas de cuero les encanta el dolor. Adoran losgritos de los torturados y también les gusta experimentar ellas mismas un poco de dolor. Créeme, un par de turnos empleados en la Cámara de la Tortura puede hacer maravillas en la tasa de felicidad de una dama...".

También "Wu Tang", fabricado por Paradox, cuyo argumento es la lucha entre varios combatientes, se vende con una versión para mayores, a la que se accede marcando una secuencia. En la versión para menores hay muertos y heridos, pero no sangre. En la otra, los muertos son distintos, más salvjemente mutilados en medio de "un verdadero río de hemoglobina. Espectacular, ¿no?", afirma la revista "Play Station".

UNO DE LOS MAS VIOLENTOS

Esta publicación reconoce que "Wu Tang" es "uno de los juegos más violentos del mercado" y se pregunta "¿cómo es posible que haya salido a la venta?".

Otros videojuegos denunciados por AI son "Army Men: Air Attack", "Shadow company: left for dead", "Medalla de Honor", "Tiny Tank" y "Carmageddon".

Amnistía Internacional recomienda a los gobiernos cetral y autonómicos que promuevan una legislación sobre el juguete, incluyendo los videojuegos, acorde con la Convención sobre los Derechos del Niño y la Declaración Universal de Derechos Humanos.

Asimismo, la organización insta a la Asociación Española de Fabricantes de Juguetes y a las empresas fabricantes y distribuidoras de videojuegos que se doten de un código ético de obligado cumplimiento para todas las empresas del sector.