En un nuevo informe, presentado hoy, Amnistía Internacional reclama una Estrategia Sanitaria Estatal que haga frente a la desigual respuesta a la violencia que se da por parte de las comunidades autónomas.

El documento, titulado "Hay que actuar a tiempo. Detección de la violencia de género y atención a las víctimas en el ámbito sanitario español", recoge la preocupación de esta ONG porque la violencia de género no se encuentre entre las prioridades del Ministerio de Sanidad.

"En los casi dos años desde la entrada en vigor de la Ley Integral contra la violencia de género, desde este ministerio no se está impulsando ninguna medida de envergadura para superar la desigualdad territorial existente en la respuesta a la violencia de género", denunciaron en un acto frente al ministerio.

Tampoco se han tomado medidas efectivas, añadieron, para la puesta en marcha de un Plan de Formación que alcance al conjunto de los profesionales sanitarios ni se ha promovido que la formación mejore a largo plazo. "En los nuevos currículos de las licenciaturas y diplomaturas de profesiones sociosanitarias, no se contempla la inclusión de contenidos específicos sobre violencia de género", lamentaron.

Se calcula que sólo el 5% de las mujeres víctimas de violencia denuncia a su agresor ante la policía o el juzgado. Sin embargo, según la Organización Mundial de la Salud, la mayoría de las mujeres víctimas de violencia en el ámbito familiar acuden en algún momento al médico, "por lo que los centros de salud son imprescindibles para identificar este tipo de víctimas, proporcionarles ayuda, y derivarlas a los recursos pertinentes", aseveran desde Amnistía.

PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN Y FORMACIÓN

Según el informe, todas las comunidades autónomas, excepto Andalucía, Cataluña y Madrid, cuentan con protocolos de actuación para el personal sanitario ante este tipo de casos.

En cuanto a la formación, sólo un tercio -Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria, La Rioja y Navarra- están desarrollando Planes de Formación específica sobre violencia de género para llegar al conjunto de los profesionales sanitarios de atención primaria. Menos de la mitad lo hacen para profesionales de urgencias; y solamente Asturias tiene planes de formación para especialistas en salud mental.

Por todo ello, Amnistía reclama al Gobierno español que elabore y ponga en marcha una Estrategia Sanitaria Estatal contra la Violencia de Género, que garantice, desde un enfoque de derechos humanos, el cumplimiento de los compromisos previstos en la Ley Integral.

Establecer estándares mínimos sobre los medios materiales y humanos necesarios; un programa de formación obligatoria que alcance al conjunto de profesionales, y una asignatura sobre la atención a la violencia de género en los currículos formativos de las carreras universitarias del ámbito sociosanitario, son alguna de las reclamaciones para avanzar en la erradicación de la violencia de género.