Así lo desvela un estudio que la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha realizado sobre la exclusión financiera en el mundo rural con la financiación del Ministerio de Consumo y que se basa en una encuesta a 2.007 individuos de municipios de menos de 5.000 habitantes que constituyen una muestra representativa de su población, tal y como explicó este miércoles la asociación en un comunicado.

Según los resultados obtenidos, en la población mayor de 65 años y residente en municipios de menos de 5.000 habitantes “confluyen” los factores “de riesgo” de exclusión financiera, como son la ausencia de oficinas bancarias o la falta de “capacidades y destrezas digitales” para operar en cajeros o por Internet.

OCU puntualizó que el proceso de cierre de oficinas iniciado en 2008 ha “provocado” la desaparición de 24.741 y ha afectado al 42% de los habitantes de municipios “pequeños”, teniendo en cuenta, además, que un 20% de dichas localidades carece de oficina bancaria, porcentaje que se eleva hasta el 38% en el caso de pequeños municipios de Castilla y León, si bien se reduce al 5% en Andalucía.

Esto desemboca, según la organización, en “serios inconvenientes” para los vecinos, que se ven “obligados” a desplazarse 10,6 kilómetros de media o pagar más comisiones para acceder al efectivo.

REACIOS

La encuesta también revela que los habitantes de pueblos pequeños son “claramente más reacios” al uso de tarjetas, al igual que al uso de Internet y a la realización de compras ‘online’, donde la edad es el factor “determinante” según OCU, cuyo estudio confirma que más del 40% de los mayores reconoce que la “falta de conocimiento o destrezas” es el principal “motivo” por el que no usan esta opción, seguido, “a distancia”, por la falta de confianza en la seguridad.

En este contexto, para “evitar” la exclusión financiera de una “parte importante” de la población, la organización recomendó “garantizar” el acceso a los servicios bancarios, manteniendo una infraestructura física “viable” que incluya servicios bancarios “esenciales”. “Es necesario que determinados servicios, como el acceso al efectivo, tengan la consideración de servicio universal para garantizar el acceso a la población, como ocurre en otros servicios como el de telecomunicaciones o servicios postales”, abundó.

Junto a ello, reclamó el desarrollo de tecnologías “inclusivas” que permitan realizar operaciones en cajeros automáticos “de manera similar a la de oficinas”, con identificación biométrica, videollamadas o el uso de comandos de voz y, en paralelo, exigió mejorar la “protección y seguridad de los mayores”, convencida de que, a la falta de seguridad y de habilidades digitales, el miedo al fraude o a cometer errores “se suma la dependencia de terceros para realizar operaciones bancarias”.

“El abuso financiero es la segunda causa de abuso en mayores”, espetó la asociación, para la que resulta “necesario” desarrollar una normativa “específica” con el fin de “proteger” a estas personas así como implementar programas de alfabetización digital y financiera para proporcionarles “conocimientos prácticos” con los que alcanzar habilidades digitales y financieras “básicas” que les permitan, “en la medida de lo posible, manejar sus finanzas evitando la exclusión o la dependencia de terceros”.