Así se expresó Almeida en declaraciones este lunes en el Palacio de Cibeles, en las que reaccionó a las informaciones adelantadas por el diario ‘ABC’ en la noche del domingo sobre Lobato, y a la información conocida esta mañana por la que la Guardia Civil apunta a que la Fiscalía habría filtrado el mail de la pareja de Ayuso.

Almeida valoró que Lobato acudió al notario para "salvar su responsabilidad penal" en el marco de estas filtraciones y señaló que es "grave" que desde el Palacio de la Moncloa "se pidiera el responsable del PSOE" en Madrid "que filtrara ese documento", aunque ese extremo solo se ha demostrado a través de los medios de comunicación.

Por ello, pidió a Lobato que "sea valiente" y "que igual que fue valiente para negarse en su momento a cometer un delito, a cometer un posible delito, que sea valiente ahora para hacer públicos esos mensajes que ha protocolizado ante notario". El alcalde juzgó que esos mensajes son "aparentemente muy graves" y aseguró que tras estos hechos "lo mejor que puede hacer el fiscal general del Estado", Álvaro García Ortiz, es "dimitir" y que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, debe "convocar elecciones por la decencia y la dignidad que la democracia todavía merecen en España".

Por otra parte, señaló a la que fuera directora de gabinete del jefe de gabinete de Pedro Sánchez, Pilar Sánchez Acera, como una de las implicadas en este asuntos y cuestionó si Lobato tuvo conocimiento de las filtraciones a través de ella y no a través de la prensa como defendió el propio Lobato en un comunicado.

Así afirmó que entiende "cierta cobardía" en Lobato vista "la repercusión que puede tener a efectos penales" este asunto, aunque "no es menos cierto, que si él se negó él ha salvado su responsabilidad penal". No obstante, explicó que el secretario general de los socialistas de Madrid también podría "encubrir un posible delito" si conocía las filtraciones.

Preguntado por las acusaciones de fraude contra la Hacienda pública que pesan sobre la pareja de Ayuso se limitó a decir que hay "una presunción de inocencia hasta que el procedimiento judicial acabe y que como bien ha dicho ya el Tribunal Supremo, es obvio que ha habido una evidente afección al derecho de defensa que es un derecho fundamental que tiene cualquier persona ante los tribunales de justicia". También reprochó que "montar una inquisición paralela a la administración de justicia es incompatible con la democracia y con el Estado de derecho, pero así es como lo entiende el Palacio de la Moncloa".