Según explicó la asociación este lunes, considera "imperativa" la necesidad de eliminar los actuales incentivos ligados a importes efectivamente regularizados, a la vez que aboga por el establecimiento de otro tipo de incentivos que tengan que ver con la reducción de la litigiosidad, el fomento de la relación cooperativa, la innovación en la detección del fraude, o las actuaciones respetuosas del derecho comunitario y de los criterios de los tribunales de justicia.

Los asesores fiscales subrayaron la necesidad de que dicho sistema de incentivos “no amenace la necesaria objetividad de los funcionarios" de la Agencia Tributaria y manifestaron que echan en falta que este organismo haga públicos los criterios de incentivos aplicables a otros departamentos distintos del de inspección en cuanto a la gestión, recaudación e impuestos aduaneros y especiales.

La Aedaf subrayó que “la regulación de tales incentivos debe poder conciliarse con el artículo 103.1 de nuestra Constitución, de acuerdo con el cual la Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho”.

La asociación recoge sus observaciones respecto a esta cuestión en un documento y resalta, en primer lugar, que los funcionarios públicos asignados a gestión, recaudación e inspección de los tributos sean retribuidos en atención a su esfuerzo, rendimiento y resultados (fundamentalmente no litigiosos), de cara a que cumplan adecuadamente su función.

En segundo lugar, considera que los incentivos actuales por productividad "pueden llegar a sesgar la perspectiva de los actuarios públicos, de forma consciente y/o inconsciente, en el sentido de practicar regularizaciones con finalidades fundamentalmente recaudatorias, alejadas de la aplicación escrupulosa del Derecho".

En tercer lugar, ve reprobable el establecimiento de deudas tributarias de referencia a liquidar, sobre la base de experiencias pasadas o de desconocidos datos indiciarios. Cree que son "difícilmente compatibles con el derecho fundamental a la presunción de inocencia de los ciudadanos", y establecen un "poderoso efecto anclaje” en los actuarios, que psicológicamente pueden verse condicionados en sus actuaciones.

En cuarto lugar, la Aedaf cree que, pese a que buena parte de los incentivos son "legítimos", sería adecuado cambiarlos de manera que "no amenazasen la necesaria objetividad de nuestros funcionarios”.

En quinto lugar, considera que la revisión del sistema de incentivos puede “desarrollar una deseable nueva cultura en nuestra Administración tributaria, menos represiva y sancionadora".

Por último, piensan que los criterios de remuneración deberían quedar regulados por ley, con previa audiencia de todos los agentes sociales interesados.