El escrito ha sido presentado por la Asociació Catalana de Víctimes d'Organitzacions Terroristes (Acvot), la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), la asociación de víctimas del terrorismo Dignidad y Justicia (DyJ), la Asociación Española de la Guardia Civil (AEGC), la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) y Vox.

Según las acusaciones populares, los 12 procesados serían responsables por los 12 delitos de pertenencia a organización terrorista; ocho delitos de tenencia, depósito y fabricación de sustancias o aparatos explosivos e inflamables o de sus componentes de carácter terrorista; y otros ocho delitos de estragos, de carácter terrorista y en grado de tentativa.

En concreto, las acusaciones piden para Eduardo Garzón, Jordi Ros, Alexis Codina, Germinal Tomás Abueso, Esther García Canet, Sonia Pascual, Queralt Casoliva y Rafael Joaquín Delgado penas de 33 años de prisión, mientras que para Ferrán Jolis, Xabier Biugas, David Budria y Clara Borrero solicitan ocho años.

En caso de que la ley de amnistía se apruebe estos procesados se podrían ver afectados y no tendrían que afrontar estas penas. Según el juez instructor del caso, Manuel García-Castellón, este grupo trabajaba para lograr la independencia de Cataluña mediante acciones de naturaleza “delictiva-terrorista”.

La acusación popular destaca que estos grupos tenían un funcionamiento estable y que los procesados eran miembros del llamado Equipo de Respuesta Táctica (ERT) que se formaron con la intención de luchar por la secesión incluso por métodos violentos.