La moción socialista, que será defendida por el senador José Antonio Alonso, insta al Ejecutivo a dar continuidad a los planes de choque sobre empresas de mayor siniestraldad, reforzando las actuaciones de coordinación entre Administración central, comunidades autónomas, Inspección de Trabajo, mutuas, empresarios y sindicatos, añadiendo programas que fomenten el compromiso empresarial de alcanzar los "cero accidentes".

Según informa el PSOE en nota de prensa, la moción pide al Gobierno que emprenda actuaciones específicas sobre las causas prevalentes en los accidentes mortales, mecanismos que aseguren el cumplimiento de la ley respecto a las limitaciones a la facultad e contratar con la Administración, así como la incorporación definitiva de la figura de los delegados de prevención sectorial o territorial para la representación de aquellos trabajadores que carecen de delegados de prevención.

Con el objetivo de garantizar una prevención eficaz en las empresas que compartan el mismo centro de trabajo, la iniciativa socialista abunda en la necesidad de emprender actuaciones que aseguren la efectiva coordinación de la actividad preventiva sobre colectivos que desarrolln su actividad en contratas, subcontratas, empresas de servicio y ETT.

Para ello propone desarrollar la ley de prevención de riesgos laborales sobre coordinación de actividades empresariales y la actuación específica de la Inspección de Trabajo sobre las mil empresas con mayor número de trabajadores y las empresas contratadas o subcontratadas por ellas, siguiendo las orientaciones contempladas en el "Documento de integración para la implantación y desarrollo de la prevención de riesgos laborales en la empresas".

Algunas otras propuestas recogidas en la moción pasan por la puesta en funcionamiento del Plan Nacional de Formación; dar garatnía de continuidad a la Fundación de Riesgos Laborales; reformar la Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, así como los sistemas de vigilancia y control; dotar de mayores medios humanos y materiales a la Inspección de Trabajo y habilitar técnicos de los gabinetes de las comunidades autónomas para que puedan ejercer en la empresas funciones asimiladas a la Inspección de Trabajo en materia preventiva.