García Juliá cumplió ínegros 14 de los 193 años de cárcel a los que fue condenado por el atentado de Atocha, en el que murieron cinco personas y cuatro resultaron gravemente heridas. Salió en libertad condicional el 21 de diciembre de 1989 de la cárcel de Villanubla, en Valladolid.

El uno de diciembre de 1994 el entonces Juez de Vigilancia Penitenciaria Número 1 de Valladolid, José Luis Castro, emitió un polémico auto en el que le autorizaba a viajar a Paraguay para instalarse allí porque aseguraba haber encontrado trabajo omo gerente de la naviera Trasflumer.

Castro sostenía que el condenado había tenido un comportamiento ejemplar durante los cuatro años que llevaba de lbertad condicional, que tenía derecho a reinsertarse y que el control de la libertad condicional lo podría hacer la Embajada de España en Asunción, capital Paraguaya.

Tras una fuerte polémica de opinión pública, y previo recurso del fiscal, el juez Castro rectifica el 23 de enero de 1995, casi dos meses después de su primer auto, y ordena el regres de García Juliá a España.

Castro admite, entre otras cosas, que hay indicios de que García Juliá no tenía intención de respetar la ley ya que se encontraba en Paraguay desde el 6 de septiembre del 94, dos meses antes de serle autorizado el viaje.

Carlos García Juliá se encuentra huido de España desde entonces y ha estado en diversos países, el último de ellos Bolivia, donde permanece encarcelado desde hace años.

En agosto de 1996, y ante su reiterada actitud de rebeldía, le fue retirada la ibertad condicional de la que disfrutaba desde 1989, un paso previo para pedir iniciar los trámites de busca, captura y posterior extradición. En noviembre de 2000 se dictó auto de prisión para que regrese a España a cumplir los 3.855 días de cárcel que le restan por la `matanza de Atocha`.

Los hechos sucedieron el 24 de enero de 1977, cuando un grupo de ultraderechistas asaltaron el despacho del número 55 de la calle Atocha de Madrid, en el que se encontraban nueve personas, entre abogados laboralists y sindicalistas.

La sentencia considera probado que García Juliá y el también ultraderechista José Fernández Cerra entraron al despacho disparando indiscriminadamente a quienes allí se encontraban.

Francisco Javier Sauquillo, Enrique Valdevira, Serafín Holgado, Luis Javier Benavides y Angel Rodríguez Leal resultaron acribillados a balazos, y cuatro colegas suyos resultaron heridos.