Según ha explicado a Servimedia un portavoz del la Oficina de Información Diplomática (OID), el Ministerio de Asuntos Exteriores pidió formalmente la extradición a Bolivia con fecha 26 de abril del año pasado.

La misma fuente ha señalado a esta agencia que "de momento no hay contestacion ni se ha reiterado la petición" a pesar del tiempo transcurrido". "No parece una demora excsiva", asegura este portavoz, para quien, es "normal" el tiempo transcurrido.

García Juliá cumplió íntegros 14 de los 193 años de cárcel a los que fue condenado por el atentado de Atocha, en el que murieron cinco personas y cuatro resultaron gravemente heridas. Salió en libertad condicional el 21 de diciembre de 1989 de la cárcel de Villanubla, en Valladolid.

El uno de diciembre de 1994 el entonces Juez de Vigilancia Penitenciaria Número 1 de Valladolid, José Luis Castro, emitió un polémico auto n el que le autorizaba a viajar a Paraguay para instalarse, allí porque aseguraba haber encontrado trabajo como gerente de la naviera Trasflumer.

Castro sostenía que el condenado había tenido un comportamiento ejemplar durante los cuatro años que llevaba de lbertad condicional, que tenía derecho a reinsertarse y que el control de la libertad condicional lo podría hacer la Embajada de España en Asunción, capital Paraguaya.

Tras una fuerte polémica de opinión pública, y previo recurso del fiscal, e juez Castro rectifica el 23 de enero de 1995, casi dos meses después de su primer auto, y ordena el regreso de García Juliá a España.

Castro admite, entre otras cosas, que hay indicios de que García Juliá no tenía intención de respetar la ley ya que se encontraba en Paraguay desde el 6 de septiembre del 94, dos meses antes de serle autorizado el viaje.

Carlos García Juliá se encuentra huido de España desde entonces y ha estado en diversos países, además de Paraguay, antes de recalar en Bolivia, onde fue detenido y permanece encarcelado desde hace años por un delito de tráfico de drogas.

En agosto de 1996, y ante su reiterada actitud de rebeldía, le fue retirada la libertad condicional de la que disfrutaba desde 1989, un paso previo para pedir iniciar los trámites de busca, captura y posterior extradición. En noviembre de 2000 se dictó auto de prisión para que regrese a España a cumplir los 3.855 días de cárcel que le restan por la `matanza de Atocha`.

La sentencia considera probado que arcía Juliá y el también ultraderechista José Fernández Cerra entraron al despacho disparando indiscriminadamente a quienes allí se encontraban.

Francisco Javier Sauquillo, Enrique Valdevira, Serafín Holgado, Luis Javier Benavides y Angel Rodríguez Leal resultaron acribillados a balazos, y cuatro colegas suyos resultaron heridos.