Así lo dijo al defender en el Pleno del Congreso de los Diputados la proposición no de ley de su grupo parlamentario para la reducción de personal eventual al servicio de la Administración General del Estado, para que vuelva, dijo, a la “normalidad” del año 2004.

“No es posible que exista un 50% más de personal eventual” que entonces, dijo Barrachina, para quien el Gobierno “pide sacrificios a todo el mundo cuando no es capaz de hacerlos él mismo”.

A la iniciativa del PP presentaron enmiendas el Grupo Mixto, ERC y el PSOE, pero el PP sólo aceptó las de ERC, una de sustitución y otra de adición. La primera propone que, en el plazo de tres meses, “se apruebe una normativa por la que se establezca el número máximo de puestos de trabajo reservados al personal eventual que puede disponer cada ministerio, cuya relación deberá ser pública, con inclusión de la totalidad de puestos de trabajo, su identificación y el nivel en que ha sido valorado y clasificado”.

La enmienda de adición propone que se cumpla en sus términos la moción aprobada en junio 2009, que instaba una racionalización de la estructura de la Administración General del Estado, suprimiendo los ministerios de Cultura, Vivienda e Igualdad, de forma que sus actuales atribuciones pasen a ser asumidas por los ministerios de Educación, Fomento y Sanidad y Asuntos Sociales, respectivamente.

Durante el debate parlamentario, Joan Ridao (ERC), señaló el personal eventual “no deja de ser la guinda del pastel” y acusó al Gobierno de haber aumentado las vicepresidencias y ministerios, a pesar de los “buenos augurios” que había al inicio de la presente legislatura.

LO FUNDAMENTAL

José Luis Perestelo, de CC, habló en nombre del Grupo Mixto y dijo que reducir un 20% el personal de confianza no es una cuestión que resuelva “lo fundamental”, que es definir el marco competencial del Gobierno, administraciones autonómicas y locales para que los ciudadanos sepan a quién tienen que solicitar qué.

Por su parte, el diputado socialista José Antonio Pérez Tapias (PSOE), tachó de “inaceptable” la proposición del PP, que “no utiliza un criterio universalizable para todos”. Le recordó a este grupo que el presidente de la diputación de Castellón, a la que pertenece Barrachina, tiene un sueldo más alto que el presidente de España.

En el turno de fijación de posición de los grupos parlamentarios, Jordi Jané (CiU), señaló que es necesario “racionalizar y simplificar” el gasto de personal eventual, pero sabiendo exactamente en qué ámbitos y en qué porcentaje, mientras que Emilio Olabarría (PNV) señaló que es difícil saber “cuál es la formula ideal para resolver esta tediosa cuestión”.