Según informó este martes la asociación El Defensor del Paciente, que ha llevado la defensa de la mujer, la sentencia es destacable porque reconoce el derecho de los castellano-leoneses a reclamar en los tribunales de la propia comunidad autónoma, sin la necesidad de demandar a administraciones sanitarias de otras comunidades autónomas que hayan intervenido en el tratamiento y sin perjuicio del derecho de la comunidad a repetir la acción contra aquellas.

Los hechos se remontan al 21 de abril de 1985, cuando P.C.J., que entonces tenía diez años de edad, sufrió una ingestión y aspiración traqueal accidental de sosa caústica. Fue asistida en el Hospital Clínico Universitario de Valladolid, pero dada la mala evolución se le traslado al Hospital de La Paz, en Madrid.

Para paliar las complicaciones que se fueron presentando le fue colocado un tubo nasotraqueal. En 1992 fue trasladada al Servicio de Cirugía Torácica del Hospital San Juan de Dios de Barcelona para cirugía torácica y le fue colocada una prótesis conocida como Montgomery en la Clínica Tres Torres de la ciudad condal.

A partir de ese momento, según la asociación el Defensor del Paciente, P. C. J. fue sometida a múltiples intervenciones para el recambio de la prótesis que fueron innecesarias. Además, indica esta asociación, no se informó ni a la paciente ni a la familia de otro tipo de tratamiento ni de la posibilidad de cambiar el tubo con mayor periodicidad.

A consecuencia de las actuaciones médicas precisó múltiples periodos hospitalarios, intervenciones y radiación, y padece hiperactividad bronquial y síndrome mixto ansioso depresivo, lo que ha llevado al TSJ de Castilla y León a reconocer el derecho de la joven a una indemnización de 287.500 euros más los intereses legales desde la reclamación administrativa, según El Defensor del Paciente.