El presidente de la AME, Leopoldo Muñoz, y el secretario general de la AUME, Mariano Casado, comentaron a Servimedia su opinión sobre esta eventual reforma de los IPEC y expusieron algunos de sus reproches y alternativas a este tipo de evaluaciones, en las que los superiores valoran la actitud del soldado en diferentes materias y que resultan decisivas a la hora de adjudicar ascensos, destinos y la matriculación en cursos del Ejército.

Casado dijo que la AUME exige esta reforma desde "hace mucho tiempo" y que espera a conocer el proyecto de ley para opinar al respecto. Por lo pronto, sostuvo la tesis de que el IPEC "debería desaparecer radicalmente, pero, si no desaparece, tiene que tener varios elementos clave".

En concreto, enumeró la transparencia, el acceso a los datos por parte del evaluado, la posibilidad de interponer recursos y hacer alegaciones (que, matizó, "va mucho más allá de lo que parece que va a recoger el proyecto) y la garantía de imparcialidad y objetividad de los calificadores. "Eso son principios irrenunciables por los que nosotros vamos a trabajar", anunció.

En cualquier caso, el portavoz de la AUME apuntó que "puede haber procesos de evaluación y objetivización de todas esas cuestiones, pero no tienen que gravitar sobre el mando directo ni sobre una junta de evaluación" como la que pretende introducir el Gobierno, ni desarrollarse en "procesos que no llegan a ser del todo transparentes".

"Hay otras mecánicas en las políticas de personal que no tienen que pasar necesariamente por el IPEC", sugirió, prefiriendo que las valoraciones dependan de cuestiones objetivas y que los que tengan que calificar estén sujetos a normas de transparencia, de imparcialidad y de neutralidad. Eso no existe en la actualidad", lamentó.

AME

Por su parte, desde la AME, Muñoz corroboró que "las calificaciones de los militares no pueden ni deben basarse en el secreto" ni en los criterios de "selección y elección" por los criterios subjetivos de una persona, sino en las respectivas hojas de servicio, donde se reflejan el mérito y la capacidad. Además, pidió que se dé más importancia al servicio en las unidades militares que al desempeño profesional en el ministerio, donde es más fácil sacar tiempo para formarse y asistir a cursos para ganar puntos.

A diferencia de la AUME, él no cree que haya que "marear la perdiz sacando unos nuevos conceptos" y derogando el IPEC, porque este método "está desde siempre establecido así", constituye una útil "evaluación continua" y es mejor ajustarlo a los nuevos tiempos que "subvertir por completo lo que había".

En las reformas drásticas, Muñoz ve "una mano de tipo político" para elegir a los afines sin consultar al Consejo Superior del Ejército correspondiente, que es "el que sabe desde el punto de vista militar".

Aunque en líneas generales este portavoz no ve mal algunas de las novedades que pretende utilizar el ministerio para reducir la subjetividad, propuso otras ya aplicadas en la Armada, como prescindir de las puntuaciones más altas y las más bajas, o que el militar se lleve su hoja de servicios de unidad a unidad en que milite.

Además, señaló que la decisión de no hacer públicas las calificaciones fue del Gobierno del PSOE en 1989, mientras que sendas normas de 1999 y 2007 preveían la figura del "orientador", que sugiriera a los examinados cuáles eran sus aptitudes. Indicó que en la época de Franco no era así. No había un solo examinador, sino que había tres y, además, dijo, se enseñaban las calificaciones y cada uno firmaba la que le habían puesto o, en su caso, reclamaba. "Están volviendo a los orígenes, curiosamente", observó.