El trabajo pone de manifiesto que el aumento de los ajusticiamientos (que no incluyen “los miles” que se creen que tuvieron lugar en China) lo encabezaron países de Oriente Próximo y el norte de África, que aglutinaron 825.

Ante esta situación, la secretaria general de AI, Agnès Callamard, denunció que “los países de la región de Oriente Próximo y el norte de África violaron el derecho internacional al aumentar las ejecuciones en 2022, revelando una cruel indiferencia hacia la vida".

El informe atestigua que el 90% de las ejecuciones registradas en el mundo fuera de China tuvieron lugar en 3 países: Irán (576), Arabia Saudí (196), la cifra más alta registrada por Amnistía en 30 años, y Egipto (24).

Además de China, del que se cree que es el país que más persona ejecuta en el mundo, el uso de la pena de muerte siguió rodeado de secretismo en otros países como Corea del Norte y Vietnam, lo que elevaría la cifra total.

En 2022, se reanudaron las ejecuciones en cinco países: Afganistán, Palestina, Kuwait, Myanmar y Singapur, mientras que aumentaron en Irán (de 314 a 576), Arabia Saudí (de 65 a 196) y EEUU (11 a 18).

El número de documentado de personas ejecutadas por delitos de drogas se duplicó en 2022 en relación con 2021, unas ejecuciones que “violan el derecho internacional de los derechos humanos, que establece que sólo deberán llevarse a cabo ejecuciones por los más graves delitos, es decir aquellos en los que hubo homicidio intencional”.

Así pues, se documentaron ejecuciones por delitos de drogas en Arabia Saudí (57), China, Irán (255) y Singapur (11), unos ajusticiamientos que representaron el 37% de los habidos en todo el mundo por AI. Es probable que también se aplicara la pena capital por estos delitos en Vietnam, aunque estas cifras son secreto de Estado en este país.

Además del incremento de ejecuciones, el número total de condenas a muerte impuestas creció ligeramente: de 2.052 en 2021 a 2.016 en 2022.

A pesar de estas cifras, seis países abolieron la pena total o parcialmente: Kazajistán, Papúa Nueva Guinea, Sierra Leona y República Centroafricana lo hicieron para todos los delitos, y Guinea Ecuatorial y Zambia para los delitos comunes.

En diciembre de 2022, 112 países habían abolido la pena capital para todos los delitos y 9 lo habían hecho únicamente para los delitos comunes.

El impulso positivo continuó con las medidas legislativas hacia la abolición adoptadas por Liberia y Ghana, mientras las autoridades de Sri Lanka y Maldivas declaraban que no iban a recurrir a la ejecución de las condenas a muerte. También se presentaron proyectos de ley para abolir la pena de muerte en el Parlamento de Malasia.

El impulso positivo continuó con las medidas legislativas hacia la abolición adoptadas por Liberia y Ghana, mientras las autoridades de Sri Lanka y Maldivas declaraban que no iban a recurrir a la ejecución de las condenas a muerte. Además, se presentaron proyectos de ley para abolir la pena de muerte preceptiva en el Parlamento malasio.

La secretaria general de AI, Agnès Callamard, afirmó que “con 125 Estados miembros de la ONU -más que nunca- que piden una moratoria de las ejecuciones, Amnistía Internacional no ha sentido jamás tanta esperanza como ahora de que este abominable castigo puede ser relegado a los anales de la historia y de que así va a ser”.

Sin embargo, las “trágicas cifras de 2022” indican que “no podemos dormirnos en los laureles”, por lo que “seguiremos haciendo campaña hasta que la pena de muerte quede abolida en todo el planeta”.