En declaraciones a Servimedia, portavoces de todas las asociaciones coincidieron en recordar el antecedente de Canarias, que ya prohibió las corridas en 1991, para desaconsejar a los partidarios de los toros que recurran al TC la decisión del Parlamento catalán, como anunciaron que harían de confirmarse la prohibición.

Desde la Asociación Profesional de la Magistratura, Luis Garrido recordó que sólo se puede recurrir ante el TC algo que sea "inhumano" o "degradante", pero, en todo caso, señaló que tendría que hacerlo un empresario a quien le denegaran la organización de una corrida, y, entonces, recurriera a un tribunal de lo contencioso-administrativo y éste viera visos de inconstitucionalidad. Un camino que, advirtió, se le antoja "complicado".

La única vía que contempla este jurista es que el Estado declarara que las corridas son un patrimonio cultural de toda España, y por tanto una comunidad autónoma no podría impedir que se desarrollara. Esto llevaría a un conflicto entre la Administración del Estado y la autonómica, ante el que el TC decidiría si esa norma es básica y hay que cumplirla. Por lo pronto, añadió, se suspendería la aplicación de la prohibición, como sucede siempre que un conflicto de competencias lo promueve el Estado.

EL CONTEXTO DEL ESTATUT

Igualmente, el portavoz de Jueces por la Democracia, José Luis Ramírez, dijo tener "claro" que el Parlamento catalán ha ejercido sus competencias, ya sea en materia de Cultura o de Protección de Animales. Citando la prohibición análoga en Galicia de ciertos festejos con animales o la del propio toreo en Canarias, que "no provocó ningún problema", dedujo que "el problema no es jurídico" sino que, "aprovechando el contexto del Estatut, se quiere sacar alguna traducción política de lo que sucede".

Sí cree que podría deparar un conflicto de competencias la eventual iniciativa popular para declarar los toros de interés cultural, dado que ya se ha transferido la competencia de protección de animales, y una ley aprobada a nivel estatal la contravendría. En ese caso, "no se trataría de un problema de qué ley es anterior, sino de quién tiene la competencia". Si el TC diera la razón al Estado, "queda sin efecto todo lo que se haya hecho", pero le parece "complejo" y "bastante problemático" con las atribuciones ya transferidas.

Por su parte, Marcelino Sexmero, portavoz de la Asociación Francisco de Vitoria, confirmó que "hoy por hoy el Parlamento catalán es competente", como lo fue el canario en su día, y, "en ausencia de una ley estatal que declare que los toros son de interés general y por lo tanto asuma la competencia, el Parlamento catalán ha hecho uso de la suya". Sólo si se promulgara esta ley estatal, habría una cuestion de competencias y aquélla "podría tener efectos retroactivos o podría no tenerlos".

Finalmente, en nombre del Foro Judicial Independiente, Conrado Gallardo recordó que, tras la prohibición canaria, nadie planteó que fuera un tema de nivel constitucional. A su juicio, sólo una ley estatal "de rango superior" que considerara las corridas de interés cultural y por tanto de competencia exclusiva del Estado derogaría tanto la previsión canaria como la catalana.

"Yo no sé por qué ha tenido tanta trascendencia esta prohibición", agregó, recordando que la polémica en torno a los toros es muy antigua en España, y tiene sus partidarios y sus detractores. "El hecho de que algún partido político lo quiera utilizar para otros fines me parece tan ridículo como convertir esta cuestión en un tema de debate constitucional", sentenció.