Con los cambios realizados, la organización territorial catalana quedará distribuida en los consejos de veguería de Barcelona y Cataluña Central, Girona, Tarragona y Terres de l'Ebre, Lleida y Alt Pirineu i Aran.

En el debate sobre las enmiendas, la diputada del PP en la Cámara catalana María Ágeles Olano, destacó que los dictámenes tanto del Consejo de Garantías Estatutarias, como del Tribunal Constitucional "son una realidad jurídica" que advierte de que "la creación de veguerías no se puede regular por una ley del Parlamento de Cataluña sino por ley orgánica".

El Consejo, según explicó la diputada, establece que la disposición transitoria primera de la Ley "no es constitucional" y que el artículo nueve "tiene que ser interpretado".

Desde su punto de vista, esta ley conlleverá "más funcionarios y cargos" y no simplifica trámites sino que genera más burocracia, alo que, puntualizó, "pagarán los ciudadanos".

Así, destacó que tanto lo relativo a las circunscipciones electorales como los límites geográficos a ser suprimidos son materias reservada a ley orgánica, por lo que reiteró que el establecimiento de los consejos de veguería como sustitución de las diputaciones "corresponde a la legislación del Estado".

En esta línea, el diputado de CiU Lluís Miguel Corominas calificó esta ley de "fracaso político y jurídico del Tripartito" y lamentó que no haya habido "consenso territorial ni político".

Además, acusó al Tripartito de hacer "caso omiso" a los avisos de CiU, de la Diputación Barcelona o del Departamento de Interior y de "despreciar la ley de gobiernos locales de Cataluña", contemplada en el Estatuto de Cataluña.

También destacó que el Consejo de Garantías Estatutarias dice que la veguería de las Terres de l'Ebre vulnera la Constitución, al tiempo que apostó por respetar el derecho a decidir del Vall d'Arán y por incluir en el mapa veguerial la veguería del Penedés.

Las enmiendas de CiU, según explicó Corominas, apuestan por posponer la ley hasta que las Cortes modifiquen las leyes necesarias para poder aprobar una organización territorial en Cataluña.

Corominas consideró que la Ley "es una agresión al propio autogobierno" y advirtió que tendrá "efectos muy negativos".

Del mismo modo, quiso dejar claro que CiU comparte con el Tripartito el olbjetivo de "una organización propia que supere a las provincias españolas", pero "hay que acertar en el camino y dar un paso atrás".

Por parte de ERC, Miguel Àngel Estradé aseguró que la campaña contra esta ley ha sido "demoledora y llena de argumentos demagógicos" y reiteró que esta normativa "no creará una nueva administración" sino que las veguerías sustituirán a las diputaciones, por lo que "no se complicará el entramado administrativo".

Además, afirmó que la reedistribución de recursos se hará sin incremento de plantilla ni de presupuesto.

Del mismo modo, aseveró que la Ley "seguirá adelante y se aprobará". "Cataluña tendrá veguerías y habrá como mínimo siete", dijo, lo que, en su opinión, constituye "un fundamento sólido para poder negociar en Madrid con un texto legal en la mano", aunque reconoció que la negociación en las Cortes "no será fácil".

Estradé acusó a CiU de "perder la oportunidad histórica" de "materializar algo que muchas generaciones de catalanistas han deseado".

El diputado del PSC, Roberto Edgardo aseguró que con esta Ley se crea una nueva administracion y se mostró consciente de la complejidad de esta nueva organización, pero, aseveró, "no desfalleceremos en la tarea de desarrollar la Ley de forma inmediata".

"Máxima cercanía y calidad" en las relaciones con el mundo local son los objetivos básicos de esta normativa, según el diputado.

Asimismo, arremetió contra aquellos que entonan el "esta ley no toca", que, en su opinión, "obedece al tacticismo político".