El plan se estructura en cuatro líneas y 50 medidas de ahorro destinadas fundamentalmente a establecer ajustes en el gasto corriente y en las inversiones en patrimonio propio.

El objetivo de estas medidas es lograr un ahorro de más de 100 millones de euros en los próximos tres años.

Además de recoger la obligación, por parte de la Diputación, de aplicar las medidas previstas en el real decreto de medidas extraordinarias de reducción del déficit público, el plan establece una reducción de los ingresos de entre un 20% y un 25%, debido a la disminución de recursos procedentes de la participación en los ingresos del Estado, así como a la imposibilidad de recurrir al endeudamiento como vía de financiación.

El plan incluye también otras medidas dirigidas a la racionalización y la eficiencia en el uso de otros recursos corporativos.