Con un presupuesto superior a un millón de euros, el Ministerio de Fomento y las empresas de su grupo tienen ahora en marcha 1.166 contratos de obra nueva en fase de ejecución.

En una intervención en la Comisión de Fomento del Congreso, Blanco detalló que los contratos paralizados asciende a 32, mientras los revisados son 199 (112 de carreteras y 87 de ferrocarril).

De los contratos paralizados, 12 se contratarán de nuevo mediante colaboración público-privada (siete de carreteras y cinco de ferrocarriles) y dos se licitarán nuevamente con cargo al presupuesto ordinario, una vez definida la solución constructiva más eficiente que permita realizar la infraestructura a un coste sensiblemente menor.

Por tanto, el número total de obras que quedarían rescindidas serán 18, de las que, según Blanco, será programada su licitación, en virtud de los nuevos criterios de eficiencia y rentabilidad social, así como de la disponibilidad presupuestaria futura.

PRIORIDADES

A la hora de definir el recorte, Fomento ha mantenido la prioridad de potenciar el transporte de ferrocarril en su triple vertiente de alta velocidad, mercancías y cercanías "porque consideramos que la renovación de nuestra red ferroviaria es la forma más eficaz de aumentar la competividad, la seguridad y la sostenibilidad de nuestro sistema de transportes", explicó Blanco.

Por ello, Fomento está llevando a cabo estudios de la rentabilidad económica y social de las líneas de alta velocidad que está ejecutando y que Blanco se comprometió a presentar en el Congreso.

También considera una prioridad la inversión en mantenimiento y conservación, en línea con el objetivo de sacar el máximo provecho a la infraestructura existente, antes de construir obra nueva.

Además, ha priorizado las obras con un muy avanzado grado de ejecución, es decir, aquellas infraestructuras que están a punto de ser puestas en servicio.

En el caso de carreteras, ha salvado las obras que finalicen en 2010 y principios de 2011. Y en las líneas de ferrocarril, además de este criterio, ha valorado aquellas líneas con un avanzado grado de ejecución, cuya finalización permita rentabilizar la inversión ya ejecutada. También ha tratado de limitar al máximo la rescisión de contratos.

Las obras anuladas son aquellas con modificaciones elevadas que ponen en riesgo la viabilidad del contrato o aquellas actuaciones que no se justifican tras aplicar los nuevos criterios de priorización en función de la rentabilidad económica y social y la demanda real y potencial estimada.

También las que pueden ser licitadas mediante fórmulas de colaboración público-privada y aquellas actuaciones paralelas a vías de alta capacidad ya en servicio y que con el tráfico actual y sus previsiones estimadas originarían problemas de viabilidad económico-financiera en estas infraestructuras ya ejecutadas.

Por otro lado, Fomento intentará aprovechar la reprogramación aplicar la orden de eficiencia en aquellas obras que lo permitan, de modo que pueda plantear modificados a la baja, aplicando métodos constructivos alternativos más eficientes.

IMPACTO EN EMPRESAS

"Somos conscientes de que este ajuste va a tener una importante repercusión en las empresas del sector de la obra civil", admitió Blanco, quien advirtió al sector que "se tendrá que reestructurar como lo están haciendo otros sectores que, en los últimos años, han experimentado un gran crecimiento basado en un desarrollo que excede las necesidades reales del país".

"Estamos convencidos de que nuestras empresas, que cuentan con un prestigio internacional indiscutible, están en condiciones de dar respuesta a los problemas a los que se enfrentan países que cuentan con una red de infraestructuras desarrollada, pero también en los países emergentes que comienzan ahora a desarrollar sus infraestructuras del transporte para mejorar su competitividad", agregó.

AHORRO

Con ello, Fomento pretende alcanzar un ahorro de 3.200 millones de euros en 2010 y una cifra similar en 2011. Los ajustes tendrán también impacto en 2012 y 2013.

Blanco detalló que los contratos rescindidos suponen unos 900 millones de euros, los reprogramados 8.700 millones y los que se mantienen 23.500.

A estos recortes se suma el plan de austeridad del Ministerio, con el que pretende ahorrar 1.300 millones de euros anuales, y el de eficiencia, que persigue reducir un 22% el coste de las obras.

"A ningún ministro de Fomento le resulta fácil decir que se van a rescindir algunos contratos y que se van a ralentizar obras, y tampoco es lo más popular plantearse cerrar líneas de ferrocarril socialmente ineficientes o preguntarse si tiene que salir gratis el uso de las infraestructuras, pero tengo la absoluta determinación, no sólo de salvar lo mejor posible la situación del presente, sino de garantizar un escenario de sostenibilidad a largo plazo en la construcción, explotación y conservación de las infraestructuras y en la provisión de los servicios de transporte", concluyó Blanco.