De la Vega hizo estas declaraciones a los medios de comunicación tras participar en la inauguración del Seminario "La crisis de la Justicia en España" organizado por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), en Santander. En los últimos años, Zapatero siempre iniciaba el curso político asistiendo a la cita de Rodiezmo, pero en este caso se da la circunstancia de que UGT es uno de los sindicatos convocantes de la huelga general del 29 de septiembre.

En relación con la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña, la vicepresidenta aseguró que el Gobierno va a estudiar “nuevas vías” en el ámbito de la Justicia para ver “cómo configurar los Consejos Judiciales”, buscando una “mayor relación entre el Estado de las Autonomías y el Poder Judicial”. Añadió que hay que seguir desarrollando el Estatuto y tomar decisiones que, siempre dentro del marco constitucional, “satisfagan el deseo de un mayor autogobierno y de recoger la identidad propia del pueblo de Cataluña”.

Durante su intervención en el seminario, De la Vega abordó la necesidad de reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la que consideró “una de las tareas pendientes del Gobierno”. A su juicio, la modificación de esta ley que, según recordó, ya han llevado a cabo “la gran mayoría” de los países europeos, evitaría el “evidente conflicto” que plantea el encomendar al juez de instrucción la función de averiguar los hechos supuestamente delictivos y proteger al mismo tiempo los derechos de los ciudadanos.

De la Vega aseguró que la reforma sólo se podrá llevar a cabo a través de un “respeto absoluto” que ayudaría a “impedir la instrumentalización y el cuestionamiento” que, “con demasiada frecuencia”, se hace de la independencia de la Justicia o de la autonomía de los fiscales. “Estamos hablando de respeto constitucional”, subrayó la vicepresidenta del Gobierno, quien insistió en que “nada es más dañino ni contribuye más al sentimiento de crisis de la Justicia” que el “arrinconamiento” del marco constitucional.

Por ello, afirmó que se debe “hacer frente” a esa actitud “irresponsable” que sólo ve en la Justicia “un instrumento del que servirse al albur de sus propios intereses” y que, según dijo, pone “en cuestión permanentemente” la labor de los fiscales y “no duda en politizar la justicia ni en judicializar la política”. “Sólo con prudencia, con consenso y con amplios acuerdos en los que se impliquen responsablemente todos los actores políticos podremos disponer de un sistema judicial para la España de hoy y del mañana”, sentenció.