"Ello lo hace prácticamente inaplicable", denunció Amnistía, que mañana sábado celebra el Día de la Justicia Internacional y el XII aniversario de la adopción del Estatuto de Roma, que dio lugar a la Corte Penal de La Haya.

Por este motivo, pidió a los Estados "mayor compromiso" con la jurisdición universal y más apoyo al Tribunal Penal Internacional (TPI), "sin anteponer sus intereses políticos".

Asimismo reconoció que "se han producido grandes avances", aunque el Tribunal Internacional se sigue enfrentando a grandes retos" tal como se demostró en la conferencia de revisión del Estatuto de Roma en Kampala (Uganda), advirtió.

Entre estos, Amnistía alertó sobre la decisión de autorizar al Consejo de Seguridad de la ONU, "un órgano político", el control de los casos de agresión que puede investigar y enjuiciar el TPI; los impedimentos para que la corte de la Haya actúe en delitos cometidos por ciudadanos de países que no ratificaron el Estatuto de Roma o por ciudadanos de Estados que sí lo han ratificado pero que no aceptaron la reforma negociada en Kampala; y la negativa a eliminar el artículo 124 del Estatuto, que permite a los Estados declarar que la Corte no puede investigar ni enjuiciar crímenes de guerra cometidos por sus nacionales durante los siete años siguientes a su ratificación.