Esas fueron las palabras utilizadas por la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros del pasado viernes.

Ante el Parlamento de Cataluña, Montilla ha abogado por el entendimiento con el Estado pero siempre que se aborden las vías necesarias para recuperar lo que el Constitucional ha recortado del Estatuto, incluida una posible reforma de la Carta Magna o la aplicación del artículo 150.2, que permite la cesión de competencias estatales a una comunidad autónoma.

Fernández de la Vega aseguró que el Gobierno no tiene “prejuicios” para estudiar la propuesta de reforma, aunque subrayó que es necesario el consenso, también previo sobre “lo que se quiere tocar”, y además hace falta tiempo por la complejidad del procedimiento.

En todo caso, el Gobierno español defiende la tesis de que la Constitución, y la interpretación que de ella hace la sentencia del Constitucional, ofrecen margen de maniobra suficiente para encauzar el ansia de autogobierno y el sentimiento identitario manifestados por el pueblo catalán.

En opinión del Gobierno, en el marco político y jurídico avalado por el Constitucional cabe el desarrollo del contenido estatutario, incluso las cuestiones más sensibles.

El Gobierno reitera, además, como ya hizo el presidente en el Debate sobre el Estado de la Nación, la pasada semana, que juzga “legítima y respetable la frustración del pueblo de Cataluña” tras cuatro años de tensión y confrontación “insostenible” de la que culpó a la “irresponsabilidad del PP”, en palabras de De la Vega.