Así lo explicó la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, en la que llamó varias veces a la prudencia hasta conocer la sentencia.

Una vez analizada la sentencia, explicó, se tomarán “en su caso las decisiones normativas que sean necesarias” para reforzar la articulación del Estatuto en el marco de lo permitido por el Tribunal Constitucional y en desarrollo de sus interpretaciones. A la vista del fallo, el Gobierno cree que hay “espacio” para ello aunque es “prematuro” concretarlo.

El Tribunal Constitucional anuló el artículo 97 del Estatuto, que establecía el Consejo Judicial de Cataluña, y sobre ese mismo asunto versaban la mayoría de los otros trece preceptos retocados en el fallo.

De ese fallo el Gobierno concluye que la clave de la inconstitucionalidad es que ese artículo otorgaba al Consejo autonómico competencias de “gobierno” de los jueces que corresponden al Consejo General del Poder Judicial para todo el Estado.

Sin embargo, percibe espacio suficiente para que puedan existir esos consejos en las comunidades autónomas con las competencias que le otorgue, en su caso, la Ley Orgánica del Poder Judicial, aunque todo ello habrá que analizarlo a la vista del análisis de la sentencia.

El Gobierno defiende que con esta sentencia “se ha cumplido el objetivo” que se marcó de impulsar reformas estatutarias “de segunda generación”, y que además ha sido avalado por el Tribunal Constitucional ya que sólo se retoca alguna cuestión “menor” pero ninguno de los ejes de profundización en el autogobierno de Cataluña.

Por ello reconoció la “discrepancia” con el presidente de la Generalitat, José Montilla, pero subrayó también el respeto por su decisión de convocar movilizaciones, y aseguró que el jefe del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, le recibirá pero probablemente cuando ambos puedan analizar conjuntamente el detalle de la sentencia.

Tampoco prestó especial relevancia a las amenazas del líder de CiU, Artur Mas, de romper el diálogo con el Gobierno si no se toman las medidas necesarias para completar el desarrollo del Estatuto que fue aprobado por el Parlamento catalán, y se mostró convencida de que seguirá siendo posible la colaboración con ese grupo parlamentario.

El grueso de las críticas del Gobierno las dirigió Fernández de la Vega contra el PP, especialmente contra el presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, al que acusó de intentar “sacar rentabilidad del fallo” y de descubrir con ello la “hipocresía” de su partido al pedir ahora “concordia y serenidad” después de cuatro años “atizando la confrontación”.

Lo que en el PP, aseguró, es “un barullo” entre sus dirigentes, que demuestra “el varapalo” propinado por la sentencia y “la baja autoridad” de Mariano Rajoy para poner orden en sus propias filas.

Especialmente dura fue la vicepresidenta con el ex presidente José María Aznar, del que criticó su “poco patriotismo” y su “preocupante deslealtad institucional” por acusar a Rodríguez Zapatero de llevar a España al borde de un Estado fallido.

“Al PP no le debería extrañar que los ciudadanos de Cataluña le den la espalda de manera abrumadora”, concluyó la vicepresidenta, que recomendó a sus dirigentes que, en vez de llamar a los demás a la serenidad, “se serenen ellos, se tranquilicen, y acepten que se equivocaron”.