Explicó, además, que el Ejecutivo piensa aprobar la reducción del 8 al 5% el máximo de vacantes que pueden tener los departamentos y organismos de la Administración, lo que no afectará a la tasa de reposición, que continúa en el 10%.

El objetivo de esta medida, dijo la número dos del Gobierno ante los diputados, es "seguir conteniendo y controlando el gasto en la Administración General del Estado y, de este modo, se evitarán desviaciones al alza en la masa salarial".

Según explicó De la Vega, las medidas extraordinarias para reducir el déficit supondrán un ahorro de 4.500 millones de euros para el conjunto de las administraciones en 2010 y 2011, de los que 2.650 corresponden al presente ejercicio, gracias a la reducción media de las retribuciones del 5% en 2010 y a la congelación salarial decretada para el año próximo.

La vicepresidenta insistió en que este será un ajuste "provisional y temporal" que se aplica a la función pública "por responsabilidad, y para garantizar precisamente la viabilidad de nuestro modelo de protección social y de nuestra economía en un momento de dificultades".

Reconoció que esta medida supone una revisión del acuerdo firmado con los sindicatos de la función pública, el pasado 25 de septiembre de 2009. Apuntó, no obstante, que la decisión está avalada por el Estatuto Básico del Empleado Público.

Esa norma prevé la posibilidad de suspender o modificar los pactos y acuerdos "excepcionalmente y por causa grave de interés público, derivada de una alteración sustancial de las circunstancias económicas". De la Vega insistió en que el resto de los puntos del acuerdo siguen vigentes.

La vicepresidenta también anunció la aprobación el próximo viernes del Observatorio del Empleo Público, un organismo previsto en ese acuerdo que realizará un diagnóstico en profundidad de la situación del empleo en la Administración del Estado, que permita "el mejor rendimiento de nuestro capital humano, en interés de los ciudadanos".

Además, el Gobierno planea presentar en el próximo período de sesiones la Ley de la Función Pública de la Administración General del Estado, que pondrá "las bases para la Administración del nuevo siglo".

Con arreglo a esa nueva normativa, se incentivará el trabajo productivo y la dedicación, se eliminarán desigualdades y rigideces retributivas y se apostará por la formación continua.