Así lo expresó el director del Gabinete para el Diálogo Social del Ministerio de Trabajo e Inmigración, Alfonso Morón, en unas jornadas organizadas por la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD) y Adecco, donde subrayó que la negociación de esta reforma, que considera “imprescindible”, compete exclusivamente a los agentes sociales.

“Sólo hay unos actores y unos únicos protagonistas”, dijo Morón, quien añadió que “no nos parece aconsejable imponerles una reforma en una materia que les corresponde a ellos”.

En este sentido, recordó que el acuerdo sobre la negociación colectiva firmado entre los agentes sociales el pasado mes de febrero incluye el compromiso de alcanzar un punto de encuentro para la reforma de esta materia.

“El Gobierno está seguro de que harán honor a este compromiso y lograrán un acuerdo que dé respuesta a las demandas de flexibilidad”, añadió Morón.

REFORMA LABORAL

Por otro lado, Morón hizo un repaso a la fallida negociación de la reforma del mercado de trabajo y defendió que el Gobierno ha optado por unas medidas “sustanciales e importantes, pero al mismo tiempo prudentes, razonables, equilibradas y coherentes con lo que habíamos venido anunciado”.

Asimismo, señaló que “no es preciso ni conveniente” realizar en la actualidad un “giro copernicano” a las relaciones laborales en España, sino medidas “prudentes pero significativas” que acerquen el modelo de “flexiseguridad”.

En esta línea, criticó a los que reclamaron una reforma que supusiera la implantación de un contrato único, la eliminación de la tutela judicial y la limitación de la eficacia de los convenios.

Según Morón, estas propuestas, concretadas en el texto elaborado el año pasado por el grupo conocido como los “100 economistas”, lo que pretenden “no es cruzar el Canal de la Mancha, sino el Atlántico”.

Así, Morón recordó que “no se aplican estas condiciones en ningún país de la Europa continental” y añadió que la crisis no puede “servir de excusa para hacer experimentos”. Por esta razón, criticó que estas medidas lo que buscan es “otorgar todo el poder de decisión a los empresarios”.

Sobre el contenido de la reforma, Morón analizó algunos de los aspectos más polémicos, como la modificación en la redacción de las causas del despido objetivo.

En este caso, apuntó que el Gobierno descartó cuantificar o especificar periodos de tiempo que justifiquen los ceses, ya que considera que es injusto puesto que provocaría un efecto frontera. “¿Por qué estaría justificado en las que acrediten un 20,1% de pérdidas y no para las que tengan un 19,9%?”, se preguntó.

Por otro lado, sobre las cláusulas de descuelgue, subrayó que el objetivo de las modificaciones es que las negociaciones con los trabajadores para aplicar estas medidas “no conduzcan a vías muertas”.

No obstante, admitió que la “fuerte oposición sindical y, ante nuestra sorpresa, también de los empresarios”, provocó que se eliminara en el real decreto que las negociaciones sobre cláusulas de descuelgue que no lleguen a un acuerdo vayan obligatoriamente a un tribunal de arbitraje.

Por último, sobre la eliminación de las restricciones a la actividad de las empresas de trabajo temporal (ETT), Morón destacó que la reforma asegura “la gratuidad” de este servicio, y permitirá que estas empresas estén controladas y se garantice “la centralidad de los servicios públicos de empleo”.