En este sentido, se destaca que la reforma mantiene el mismo régimen jurídico, así como el mismo importe, de las bonificaciones en las cuotas empresariales a Seguridad Social por la contratación indefinida o temporal de fomento de empleo de personas con discapacidad, tanto en las empresas ordinarias como en los centros especiales de empleo.

Tal y como se indica en el informe, se establece la obligación de que las agencias de colocación cumplan con las normas sobre accesibilidad universal de las personas con discapacidad y se sustituye el término "minusválido" por "persona con discapacidad".

La reforma introduce la extensión a las personas con discapacidad del derecho de los trabajadores contratados por una Empresas de Trabajo Temporal (ETT) para ser cedidos a que se les apliquen las mismas disposiciones que a los trabajadores de la empresa ordinaria para combatir las discriminaciones.

Además, las empresas que celebren contratos para la formación con trabajadores con discapacidad podrán aplicar una bonificación de hasta el 100% de las cuotas empresariales a Seguridad Social.

Asimismo, se mantiene a los trabajadores desempleados con discapacidad inscritos en la oficina de empleo como uno de los colectivos a los que se puede contratar con un contrato de fomento de la contratación indefinida. Esta modalidad de contrato contempla la indemnización de 33 días por año de servicio, en caso de despido objetivo improcedente, en lugar de la indemnización general de 45 días.