En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, defendió la tesis de que, a pesar de no haber concluido en acuerdo, el tiempo que se ha negociado ha servido para dar cuerpo a la reforma laboral que finalmente será aprobada por decreto el próximo miércoles.

La intención del Gobierno es someter el decreto a convalidación del Congreso de los Diputados el martes de la semana siguiente. Para ello necesitará mayoría simple del pleno, más votos a favor que en contra, y los contactos para lograr el máximo respaldo posible comenzarán en los próximos días.

La vicepresidenta reconoció que ya ha habido algunas conversaciones y las seguirá habiendo en los próximos días, aunque no precisó si el presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, las encabezará directamente para intentar sumar el apoyo del PP, en el que, a pesar de las reticencias públicas desde el Ejecutivo aprecian cierta predisposición.

Fernández de la Vega defendió que el Gobierno ha buscado “con intensidad” el acuerdo y aunque no ha sido posible “no ceja en el intento de incorporar aportaciones” de los agentes sociales e incluso de cerrar “acuerdos puntuales” sobre aspectos de la reforma.

“Hemos hecho las cosas como había que hacerlas”, aseguró la vicepresidenta, se han hecho “razonablemente bien”, y el decreto se aprobará “con la tranquilidad de haber realizado un trabajo serio y riguroso”.

A partir de ahí, ahora el objetivo prioritario es concitar el respaldo de los grupos parlamentarios para que la reforma laboral salga aprobada con el mayor consenso posible, y en aras de ese diálogo el ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, evitó detallar el contenido de la propuesta que hoy mismo enviará a los agentes sociales y también a los grupos.

Las líneas rojas en ese diálogo con los grupos son para el Gobierno las que preservan “la filosofía” de la reforma y sus objetivos, es decir, la esencia de las medidas con las que se pretende incrementar la estabilidad y la calidad del empleo y también la flexibilidad de las empresas para “estimular la productividad”.