La Mesa de esta comisión, reunida este jueves por primera vez desde su constitución, dio a los grupos de plazo hasta el 7 de diciembre para presentar sus propuestas de compareciencias y de temas a tratar. Será el 13 de diciembre cuando se decida el listado de personas a las que se citará.

El presidente de la comisión, el socialista José Enrique Serrano, propuso que el 4 de diciembre ya comparecieran los ponentes vivos de la Constitución pero PP, Ciudadanos y UPN sumaron mayoría suficiente para imponer que las comparecencias empiecen después de aprobarse el plan de trabajo.

De esta manera, y siguiendo los plazos fijados por la Mesa para aprobar ese plan, la comisión no empezará a trabajar hasta prácticamente el mes de enero, ya que la lista se aprobará el 13 de diciembre y todos los grupos apelan a la costumbre de citar a los comparecientes con varios días de margen.

Esas fechas llevan a todos a concluir implícitamente que los trabajos no comenzarán en la práctica hasta enero, mes que habría que declarar hábil para la comisión ya que, según el Reglamento, el periodo ordinario de sesiones comienza en febrero.

La conclusión es que la comisión no empezará a debatir sobre el modelo territorial hasta que hayan pasado las elecciones autonómicas en Cataluña y las festividades navideñas, aunque sí hay coincidencia de todos en que los primeros en acudir serán los ponentes de la Constitución.

El portavoz del PP en esta comisión, José Antonio Bermúdez de Castro, reconoció que iniciar los trabajos en plena campaña electoral no es "lo más conveniente" porque sería un "elemento distorsionador".

La portavoz socialista en la comisión, Adriana Lastra, denunció que "la derecha" ha impedido que se inicien los trabajos por una "cuestión electoral", lo que considera "un error". "Este país no merece un juego de trileros", sentenció.

Por su parte, el portavoz de Ciudadanos, Ignacio Prendes, defendió que su partido trabajará de forma rigurosa y "exactamente igual" que en todas las comisiones, cumpliendo los plazos establecidos.

Bermúdez insistió en la tesis del PP de que esta comisión no es para negociar la reforma de la Constitución sino para "debatir y evaluar cómo mejorar el modelo autonómico" y después, transcurrido los seis meses previstos para sus trabajos, "se verá si cabe o no" esa modificación de la Carta Magna. Lastra, por el contrario, reiteró que para el PSOE esa comisión es el "paso previo" de una posterior reforma de la Constitución. Dio por sentado además que los trabajos incluirán una evalución sobre la financiación autonómica, aunque la negociación compete al Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Bermúdez reiteró que el nuevo modelo se tiene que cerrar en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, pero pidió al PSOE que no se ponga "de perfil" e intente un acuerdo con el Gobierno para renovar el sistema.

Prendes aseguró que Ciudadanos abordará los trabajos de la comisión sin "restricciones" ni "apriorismos" sobre los asuntos concretos a tratar, aunque reconoció que la reforma de la financiación autonómica es "de vital importancia".

Por su parte, el portavoz de Compromís, Joan Baldoví, se ofreció a los partidos regionalistas para ser su voz en esa comisión, dispuesto a hablar de todo, también de la financiación autonómica.