Así figura en un informe de 130 páginas, titulado "Como si el infierno cayera sobre mí: la crisis de los derechos humanos en el noroeste de Pakistán", elaborado con 300 entrevistas a residentes de las Áreas Tribales bajo Administración Federal y las zonas adyacentes de la Provincia de la Frontera del Noroeste.

El secretario general interino de Amnistía Internacional, Claudio Cordone, señaló que más de un millón de personas se vieron obligadas el año pasado a abandonar sus casas por el conflicto entre el ejército y los talibanes, y lamentó que que esta situación es “en gran parte ignorada” y estos ciudadanos se encuentran en “necesidad desesperada de ayuda”.

El informe de Amnistía documenta los abusos sistemáticos cometidos por los talibanes a esta población, ya que lograron el poder el año pasado "matando a aquellos que desafiaban su autoridad, como los líderes tribales y funcionarios gubernamentales".

En este sentido, asegura que los talibanes se hicieron fuertes gracias a la tortura y otros malos tratos cometidos a profesores, trabajadores humanitarios y activistas políticos.

Además, Amnistía asegura que los talibanes bloquearon carreteras para evitar que personas civiles escaparan de las aldeas, lo que provocó que cayeran bajo un intenso bombardeo de las fuerzas gubernamentales.

Muchos residentes desplazados en el noroeste de Pakistán comentaron a Amnistía Internacional que habían sufrido abusos bajo el mando de los talibanes y que se sintieron abandonados por el Gobierno pakistaní.

Amnistía Internacional instó al Gobierno pakistaní y a los talibanes a que cumplan con el derecho internacional humanitario y tomen las medidas oportunas para evitar la pérdida de vidas humanas y la destrucción de edificios, entre ellos hospitales y escuelas, y permitan sin restricciones el acceso a las ONG para que proporcionen alimentos, refugio y suministros médicos a los heridos y desplazados.