Monzón compareció en la Comisión de Economía y Hacienda, y aseguró que en la Intervención pensaban que cumplirían con la regla de gasto con ese PEF aprobado en octubre pero que el Ministerio comunicó que rechazaba el pasado 6 de noviembre.

Por un lado, se refirió a que el artículo 12.1 de la Ley de Estabilidad, el único que habla de la regla de gasto, no tiene ningún desarrollo, pero también aseguró que el Ayuntamiento consultó con el Ministerio las medidas para compensar los 233 millones en que se excedió sobre el tope de gasto en 2016.

“Y no nos hicieron ninguna observación. Eso es lo que nos hace pensar que los cálculos de los que se partía eran correctos”, testificó, añadiendo que dichos cálculos coincidían con los empleados por otros ayuntamientos que están sometidos a la tutela financiera del Ministerio, y que el 6 de noviembre se le comunicó que “el criterio del Ministerio es distinto”.

Este fue el sucinto contenido de la comparecencia de la interventora, que no entró en detallar cómo actuará ahora el Ayuntamiento para cumplir con Hacienda puesto que el delegado de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato, tendrá que hacerlo hoy mismo ante la Comisión. Su posición supuestamente técnica no mostró ningún desacuerdo con la versión oficial del Gobierno municipal.

El portavoz de Ciudadanos, Miguel Ángel Redondo, dijo que le “choca” que otros ayuntamientos sí hayan cumplido y que el de Madrid no, y la del PSOE, Érika Rodríguez Pinzón, concidió en que “se cambiaron las reglas de juego”, algo que tachó de “inaceptable”, y así “es imposible hablar con el Ministerio”.

Sánchez Mato se quejó de “trato discriminatorio”, afeó al PP que celebre actuaciones por parte de Hacienda que afectan a los ciudadanos y dijo que, aunque reformulará el PEF para que sea del gusto de Hacienda, éste “está costantemente cambiando de manera consciente las marcas” de este atleta”, el Ayuntamiento, que “por más que entrene parece que no va a poder superar la altura” que le han fijado.

SENTENCIA TSJ

También insistió en que aceptará la suspensión cautelar decretadas por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid de las inversiones aprobadas en los plenos de junio y julio, con créditos extraordinarios y suplementos de crédito que compensaban las partidas inmovilizadas por los acuerdos de no disponibilidad a que le obligó Hacienda; una sustitución que tampoco aceptó el Ministerio, que presentó a través de la Delegación del Gobierno el recurso al TSJ solicitando la mencionada suspensión cautelar.

El portavoz del PP, Íñigo Henríquez de Luna, preguntó a la interventora si las competencias impropias de las que se queja el Ayuntamiento como un gasto que no le corresponde, y por qué informó favorablemente de las partidas ejecutadas con suplementos de crédito para compensar los acuerdos de no disponibilidad.

En su segundo turno, la interventora eludió expresamente consideraciones políticas, asumiendo que la regla de gasto la tienen que cumplir, pero sugirió que sería bueno modificar la interpretación habida cuenta de que ésta ha cambiado.

Dijo que el auto del TSJ que suspendía cautelarmente las inversiones es muy “genérico”, por lo que necesita una aclaración de los términos de la suspensión antes de paralizar obras que estén en una etapa o en otra. También puntualizó que Hacienda, al rechazar el PEF, pidió nuevas medidas pero no detalló “qué medidas”, por lo que sólo afectará a la no ejecución de lo pendiente de ejecutar; además, aclaró que al PEF de octubre el Ministerio no le objetó las medidas, sino el procedimiento de cálculo..

A Henríquez de Luna le contestó que informó favorablemente a las inversiones con suplementos de crédito porque, en su opinión, el recurso de la Delegación del Gobierno “parte de una premisa errónea”: bloquear la ejecución de inversiones, no el crédito destinado a ellas.

Es decir, ella aprobó que se ejecute un gasto que no computa en la regla de gasto en lugar del gasto que sí computa, y no está de acuerdo en que las partidas afectadas por los acuerdos de no disponibilidad se tengan que dejar sin realizar.