Montoro intervendrá en la Comisión de Presupuestos a partir de las 16.00 horas para comparecer a petición propia así como de los grupos parlamentarios de PSOE y Unidos Podemos.

En concreto, el titular de Hacienda tendrá que explicar, a petición de los dos principales partidos de la oposición, las consecuencias que tendrá la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2017 para el siguiente año y su repercusión en el 'Plan Presupuestario' remitido a Bruselas.

Cabe destacar que a raíz de la crisis política en Cataluña y ante la falta de los apoyos parlamentarios suficientes para la aprobación de los presupuestos, el Gobierno no ha presentado aún un proyecto de PGE para 2018 a pesar de que el artículo 134 de la Constitución establece que debe hacerlo “al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior”, es decir, antes de octubre.

Por tanto, si finalmente no se presentan y aprueban unos nuevos presupuestos, serían prorrogados los de 2017, lo que, según el Gobierno, podría provocar la desviación del déficit una décima de lo pactado con Bruselas para 2018, situándose en el 2,3% del PIB en lugar del 2,2%.

Sin embargo, el Ejecutivo ha mostrado en varias ocasiones su intención de presentar, aunque se aprueben con el ejercicio ya iniciado, unos nuevos PGE que permitan, entre otros aspectos, cumplir los objetivos de estabilidad presupuestaria para 2018. Así, el pasado 16 de octubre el Gobierno comunicó a la Comisión Europea que la elaboración del proyecto se encontraba “en fase muy avanzada” y que su voluntad es “presentarlos tan pronto la situación lo permita”.

REGLA DE GASTO

Por otra parte, Montoro acudirá a la Comisión de Presupuestos a petición propia para informar sobre los datos de ejecución presupuestaria y explicar la aplicación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria en el ámbito de las corporaciones locales.

En este sentido, cabe recordar que desde el pasado 7 de noviembre el Ayuntamiento de Madrid está obligado a informar semanalmente de sus cuentas al Ministerio de Hacienda al considerar este último que el Plan Económico y Financiero (PEF) presentado por el consistorio madrileño no cumple con la 'regla de gasto' establecida por la Ley de Estabilidad.

Por su parte, el gobierno de Manuela Carmena, que ha anunciado medidas judiciales contra la decisión del Ministerio, alega diferencias en la interpretación de la Ley y denuncia un trato “discriminatorio e injusto” al considerar que Hacienda les castiga por motivos políticos ya que no toma las mismas medidas contra el resto de administraciones públicas que incumplen la 'regla de gasto'.

De cualquier forma, el consistorio madrileño señaló que cumplirá con el requerimiento del Ministerio y el 14 de noviembre anunció a la Secretaría de Estado de Hacienda que retendrá créditos por valor de 173,6 millones correspondientes a 1.206 partidas presupuestarias, aunque aún le faltan 192 millones para cumplir con las exigencias de Hacienda para compensar el exceso de 233 en que, según el Ministerio, incurrió el Consistorio sobre la regla de gasto en 2016.