Estas reformas se están estudiando en la primera Conferencia de Revisión del Estatuto de Roma, que concluirá oficialmente el próximo sábado en Kampala (Uganda).

El secretario general interino de Amnistía Internacional, Claudio Cordone, afirmó que "las negociaciones actuales no salvaguardan la independencia de la CPI, una independencia por la que se luchó y se ganó una dura batalla hace 12 años en Roma".

"Los Estados deben, en primer lugar y ante todo, garantizar que esta primera Conferencia de Revisión refuerza el sistema de justicia penal internacional", añadió.

Según Amnistía, los delegados avanzan hacia un compromiso que autorizaría al Consejo de Seguridad de la ONU, un órgano político, a controlar qué delitos de agresión investigaría y enjuiciaría la Corte.

Esta organización subrayó que este compromiso "amenaza con echar por tierra la independencia de la Corte obtenida en Roma y abrir la puerta a la politización de su trabajo y a ataques contra su credibilidad".

Además, los representantes de los Estados en Kampala intentan impedir que la Corte investigue y enjuicie nuevos delitos cometidos por ciudadanos de países que no hayan ratificado el Estatuto de Roma o por ciudadanos de Estados que hayan ratificado el Estatuto pero no hayan aceptado la reforma que se está negociando en Kampala, lo que se aplicaría al delito de agresión y a algunos crímenes de guerra en conflictos armados no internacionales.

"Si se impide a la Corte investigar y enjuiciar nuevos delitos cometidos por ciudadanos de países que no han ratificado el Estatuto de Roma, se creará un sistema de justicia de dos niveles", manifestó Cordone.

Además, Amnistía recalcó que la conferencia de Kampala no ha aprovechado la oportunidad para eliminar el artículo 124 del Estatuto de Roma, que permite a los Estados declarar que la Corte no puede investigar ni enjuiciar crímenes de guerra cometidos por sus ciudadanos durante los primeros siete años.