El ministerio público propone prisión con fianza para Barrufet por ser la querellada que más claramente se pronunció sobre el 'procés'. Reconoció ante el juez que el referéndum celebrado el 1 de octubre no tuvo validez ni garantías, rechazó la declaración de independencia adoptada de manera unilateral y expresó su claro acatamiento a la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

Por tanto, los investigados para los que los fiscales piden cárcel son el actual presidente del grupo Junts pel Sí, Lluís Maria Corominas, y los también miembros de la Mesa y diputados del mismo grupo Anna Simó y Lluís Guinó. Para la que fuera secretaria cuarta, Ramona Barrufet, la Fiscalía propone prisión eludible bajo fianza de 50.000 euros y para el secretario tercero de la Mesa, Joan Josep Nuet, de Catalunya Sí que es Pot, solicita libertad con la obligación de comparecer regularmente ante el juzgado.

A tenor de estas peticiones, es evidente que la declaración de los querellados por rebelión, sedición y malversación en el Tribunal Supremo no ha convencido al ministerio público, que además está vinculado por el criterio de unidad de acción.

Eso significa que deber haber un argumento de peso que justifique que la Fiscalía pida distintas medidas cautelares para personas que están acusadas de idénticos delitos. Hace tan sólo una semana la Fiscalía pidió prisión incondicional para el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y para siete exconsellers que desde entonces están en prisión.

Al filo de las 18.30 de este jueves terminaron las declaraciones de la presidenta del Parlamento de Cataluña y de los otros cinco miembros de la Mesa de la Cámara en el Tribunal Supremo. En estos momentos se celebra una vista conjunta para decidir las medidas cautelares.

Los querellados han explicado al magistrado que la declaración unilateral de independencia no tiene efectividad jurídica ni vinculante y que fue un acto meramente “simbólico” y han manifestado su acatamiento a la aplicación del 155 con más o menos matices.