Según informaron fuentes jurídicas, el instructor tomó esta decisión después de que accediera este jueves a suspender los interrogatorios a petición de los abogados, que hicieron esta solicitud a las 9.00 horas, cuando estaban citados sus defendidos, aludiendo que no habían tenido tiempo material para instruirse en la querella.

La Fiscalía no se ha opuesto al aplazamiento de las declaraciones hasta el 9 de noviembre, pero sí pidieron que se estableciera algún tipo de control sobre los investigados.

Los querellados tuvieron que dar su teléfono y un domicilio para que la Policía Nacional, que es la que ejerce las acciones de policía judicial por el Supremo, pueda ejercer sus labores de control. Se trata del grado más leve en este tipo de controles que se pueden establecer por parte de los agentes, siendo habitual que cualquier persona que declara en el alto tribunal proporcione sus datos de contacto.

NO SE ESPERARÁ A LA DOCUMENTACIÓN

Este control policial, también denominado así en el acta de la jornada de hoy, deberá establecerse, además de sobre Forcadell, sobre Lluís María Corominas, exvicepresidente primero de la Mesa y expresidente del grupo parlamentario de Junts Pel Sí (JxS); Lluís Guinó, exvicepresidente primero de la Mesa y diputado de JxS; Anna Simó, exsecretaria primera de la Mesa y diputada de ERC; Ramona Barrufet, exsecretaria cuarta de la Mesa y diputada de JxS; y Joan Josep Nuet, exsecretario tercero de la Mesa y exdiputado de Catalunya Sí Que Es Pot.

Las fuentes consultadas explicaron que Llarena rechazó la petición de las defensas de que las declaraciones no tuviesen lugar hasta que llegase toda la documentación solicitada. Esto supone que los interrogatorios se realizarán en cualquier caso el próximo jueves 9 de noviembre, haya llegado la citada documentación o no.

Tras estas decisiones del juez, Forcadell y los otros investigados comenzaron a abandonar el Supremo pasadas las 11.25 horas.