Los responsables de Sanidad de los 27 apoyaron la propuesta española de directiva de asistencia sanitaria transfronteriza en el Consejo europeo de empleo, política social, sanidad y consumidores (Epssco), celebrado en Luxemburgo.

Según el departamento que dirige Trinidad Jiménez, el objetivo fundamental de la directiva es crear "un marco comunitario claro" para la prestación de una atención sanitaria transfronteriza en el seno de la UE y eliminar barreras a la circulación de los pacientes.

Concretamente, la propuesta normativa fija unos principios comunes a todos los sistemas sanitarios y precisa los derechos de los pacientes a recibir atención sanitaria en otro Estado miembro y al reembolso de los costes por un importe máximo equivalente al que habrían recibido en su país de residencia.

Así, el texto prevé el derecho a la movilidad de los pacientes que decidan solicitar asistencia sanitaria en un Estado miembro de la UE que no sea el de afiliación. En estos casos, los pacientes realizarán el pago cuando reciban asistencia sanitaria y serán los Estados de afiliación los que le reembolsen los gastos (si tienen derecho a ello y cumplen los requisitos).

De este modo, el Estado de afiliación reembolsará el gasto realizado por el paciente siempre y cuando la asistencia sanitaria recibida figure entre las prestaciones a las que tiene derecho en su país de afiliación, de acuerdo con lo que establece su servicio sanitario.

Además, el Estado de afiliación podrá limitar la aplicación del reembolso de la asistencia sanitaria transfronteriza "siempre y cuando esgrima razones imperiosas de interés general e informe a la Comisión".

Esta situación podría darse si, por ejemplo, se considera que dicho reembolso "puede socavar gravemente el equilibrio financiero de un sistema de seguridad social o el mantenimiento de un servicio hospitalario abierto a toda la población".

AUTORIZACIÓN

La directiva también reconoce a los Estados miembros la posibilidad de establecer una autorización previa para que los pacientes puedan recibir asistencia sanitaria en otro Estado, a excepción de los casos de atención ambulatoria que no precisen del uso de tecnología sofisticada.

Por tanto, se podrá establecer autorización previa si el paciente tiene que pernoctar en un hospital; si la asistencia sanitaria que va a recibir exige el uso de infraestructuras o equipos médicos especializados y costosos, o si esta asistencia puede entrañar un riesgo particular para el paciente o la población.

Por último, la propuesta de directiva española incorpora la necesidad de trabajar de forma conjunta y coordinada en el seno de la UE para potenciar el desarrollo de la sanidad electrónica en todos los Estados miembros.