En una providencia, el instructor les recuerda que acuden en calidad de investigados y que tienen que comparecer con abogado.

Esta misma mañana la Sala II del Tribunal Supremo ha dictado auto en el que declara su competencia para instruir, y en su caso enjuiciar, por los delitos de rebelión, sedición y malversación a la presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, y otros cinco miembros de la Mesa de la Cámara, todos ellos objeto de querella por parte de la Fiscalía por su actuación en lo relativo al proceso secesionista en Cataluña.

El tribunal ha designado como instructor de la causa al magistrado Pablo Llarena Conde. En un auto dictado por unanimidad, la Sala de admisión señala además que hace extensiva su competencia, para el caso de que el magistrado instructor lo considere oportuno, respecto de aquellas otras causas penales actualmente en tramitación y que puedan referirse a hechos inescindibles respecto de los que han sido inicialmente atribuidos a los querellados.

Sobre los delitos denunciados en la querella, la Sala explica que el fiscal alude a la existencia de un delito de rebelión con una extensa argumentación encaminada a justificar la concurrencia de violencia.

Para el Alto Tribunal, será el desarrollo de la instrucción la que indique si hay motivos para imputar a los investigados los delitos de rebelión o sedición teniendo en cuenta que no llegó a materializarse "al no superar los conspiradores la fase propiamente preparatoria”.

Los querellados, aparte de Carme Forcadell, son los miembros de la Mesa del Parlament catalán Lluís Maria Corominas, Lluís Guinó, Anna Simó y Ramona Barrufet, así como Joan Josep Nuet. Este último no es miembro de la Diputación Permanente del Parlament disuelto el pasado viernes, pero la Fiscalía lo ha incluido en la querella por entender que su actuación está asociada a la del resto. El Supremo ha asumido también la competencia de investigarle.