El fiscal del Estado, José Manuel Maza, explicó que se atribuye a los miembros del gabinete de Puigdemont delitos de rebelión, sedición, malversación y delitos conexos como principales responsables de las decisiones y los actos que condujeron a la proclamación de la declaración unilateral de independencia con “total desprecio” a la Constitución.

La razón de que se presenten dos querellas es que tanto Puigdemont como los miembros de su gobierno ya han perdido la condición de aforados después de su cese tras la puesta en marcha del artículo 155 de la Constitución, mientras que Forcadell y los miembros de la Mesa Lluis Guinó, Anna Simó y Ramona Barrufet siguen siendo aforados, al ser integrantes de la Mesa del Parlament.

La primera consecuencia de la admisión a trámite de las querellas es que todos ellos serán citados a declarar y en caso de incomparecencia se cursaría la correspondiente orden a las Fuerzas de Seguridad para su detención y puesta a disposición judicial.

Maza realizó esta comparecencia arropado por el teniente fiscal del Tribunal Supremo, Luis Navaja; el fiscal jefe de la Inspección, Fausto Cartagena; el jefe de la Secretaría Técnica, José Miguel de la Rosa, y el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso.

El fiscal general compareció ante los medios de comunicación y dio lectura a un comunicado tras el cual no aceptó preguntas. Explicó que la Fiscalía cumple con su función de promover “la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público”. El ministerio público les achaca haber producido una “crisis institucional” que desembocó en la declaración unilateral de independencia del 17 de octubre.

A partir de ahora, dijo Maza, “la Fiscalía continuará ejerciendo sus funciones desde la imparcialidad y con estricta observancia de los dispuesto en la ley para garantizar el respeto al orden constitucional, al Estado de Derecho y a nuestro sistema de convivencia, gravemente afectado por conductas como las que motivan las querellas”.