En un nuevo informe titulado ‘Noches de terror: Ataques y allanamientos ilegales a viviendas en Venezuela’, Amnistía revela que fuerzas de seguridad venezolanas y grupos civiles armados avalados por el Gobierno han irrumpido violentamente durante los últimos meses en los hogares de personas para intimidarlas y así disuadirlas de participar en manifestaciones y cualquier otra forma de protesta.

“En Venezuela no hay un lugar que esté a salvo del retorcido poder de las fuerzas de seguridad. Ni siquiera el propio hogar”, afirmó Erika Guevara-Rosas, directora de Amnistía Internacional para las Américas, quien añadió: “Las autoridades venezolanas han descubierto una forma nueva e inquietante de reprimir la disidencia en su afán, aparentemente interminable, de infundir miedo a la población. Han trasladado la represión de las calles a las salas de estar de casas particulares. La gente tiene derecho a sentirse segura en su propio hogar”.

Organizaciones locales de derechos humanos han recopilado informes de al menos 47 allanamientos ilegales en 11 Estados del país de abril a julio de este año, cuando las manifestaciones estaban en su apogeo. Más de 120 personas perdieron la vida, casi 2.000 resultaron heridas y más de 5.000 fueron detenidas en ese periodo.

Expertos de AI visitaron y entrevistaron a víctimas de allanamientos de viviendas en cuatro estados venezolanos: Caracas, Miranda, Carabobo y Lara.

Personas afectadas contaron que agentes de seguridad y hombres armados, que presuntamente pertenecían a grupos armados ilegales avalados por el Gobierno de Nicolás Maduro, habían irrumpido violentamente en sus casas sin una orden judicial y sin dar explicación alguna del motivo por el que estaban allí.

AMENAZAS DE MUERTE

Amnistía indicó que esos allanamientos suelen ir acompañados de amenazas de muerte y de violencia, tanto verbal como física, que incluye usar material antidisturbios y disparar botes de gas lacrimógeno al interior de las casas.

Las víctimas relataron también que las fuerzas de seguridad habían derribado puertas, habían roto ventanas y, en algunos casos, se habían apropiado de objetos de su casa. En un bloque de pisos de Miranda (norte de Venezuela), cámaras de videovigilancia grabaron a miembros de las fuerzas de seguridad saliendo con grandes bolsas, presumiblemente llenas de objetos robados. Los allanamientos podían durar horas y, en algunos casos, toda la noche.

El informe apunta que, una vez en el interior de la vivienda, las fuerzas de seguridad preguntaban por el paradero de “los jóvenes que estaban protestando” y que muchos jóvenes fueron sometidos a redadas y se practicaron detenciones arbitrarias de forma masiva.

Varias víctimas dijeron a Amnistía Internacional que temen que haya otra incursión en su casa en cualquier momento y tienen problemas para dormir. El informe subraya que, debido a la escasez crónica de mercancías en Venezuela, algunas de estas personas no han podido reparar los daños sufridos a causa del allanamiento y ahora viven sumamente expuestas en casas sin puertas.

“Estos allanamientos de viviendas son absolutamente ilegales con arreglo al derecho internacional y a la propia Constitución de Venezuela. Ya es hora de que el Gobierno de Maduro y sus fuerzas de seguridad desistan de emplear la violencia y la represión contra la población de su país. Violaciones de derechos humanos de esta índole no pueden continuar en el futuro y para poder garantizar el fin de esta política de violencia tiene que hacerse justicia a las víctimas”, recalcó Guevara-Rosas.