Según informaron a Servimedia fuentes de la investigación, la operación comandada por el ministerio público tiene su origen en unas pesquisas que inició en 2006 la Unidad de Asuntos Internos de la Policía.

En la causa se ha logrado determinar que una serie de funcionarios estaban en connivencia con empresarios para enriquecerse perjudicando a la Administración en el suministro de distintos productos. Esto incluía, entre otros, contratos referidos a uniformes o a comida.

Por este motivo a los detenidos se les acusará de los delitos de fraude y malversación a la Administración Pública. De los 14 arrestados, seis son funcionarios de la Policía -entre los que hay agentes y administrativos-, mientras que hay un funcionario de la DGT.

Los otros siete investigados son empresarios que contrataban con el Ministerio del Interior para abastecer de distintos productos y servicios a la Policía y a Tráfico.

Según información facilitada por la Fiscalía Anticorrupción, efectivos del Grupo II de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional han ejecutado una orden de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada para detener a estas 14 personas investigadas en el Juzgado de Instrucción número 50 de Madrid.

La operación 'Grapa' investiga el amaño de concursos públicos, tanto en la Dirección General de la Policía como de la Dirección General de Tráfico, a través de los que ciertos funcionarios públicos “se habrían estado beneficiando económicamente de forma ilícita a cambio de favorecer la adjudicación de contratos públicos a determinadas empresas privadas”.

Los hechos investigados por la Fiscalía podrían constituir delitos de organización criminal (art. 570 bis del Código Penal), de fraude a las Administraciones Públicas (art. 436), de prevaricación (art. 446 y siguientes), de cohecho (art. 419 y siguientes), de malversación de caudales públicos (art. 432 y siguientes), contra la Hacienda Pública (art. 305) y continuado de blanqueo de capitales, contemplado en los artículos 74, 301 y 30 del Código Penal.

El Juzgado de Instrucción número 50 de Madrid ha autorizado un total de 22 registros domiciliarios y de entidades sociales en los partidos judiciales de Madrid, Pozuelo de Alarcón, Móstoles, Navalcarnero, Ávila, Arenas de San Pedro y Guadalajara.

Además, Anticorrupción ha solicitado la adopción de medidas cautelares, consistentes en el bloqueo de cuentas bancarias, el embargo de 13 vehículos (la mayoría de alta gama) y la anotación preventiva de embargo y prohibición de disponer de un total de seis inmuebles.