En el mes de diciembre de 2016 la PTS presentó a los grupos parlamentarios una serie de propuestas en materia social, de inclusión y discapacidad para incorporar al proyecto de Ley de Contratos del Sector Público y, finalmente, gran parte de ellas han sido recogidas en la norma.

Así, el nuevo marco regulador incorpora criterios sociales de manera transversal a la hora de ejecutar una contratación pública, según indicó la plataforma en un comunicado.

La normativa amplía las cláusulas sociales y dicta los criterios de adjudicación del contrato, que incluyen aspectos como la accesibilidad, el diseño universal o las características sociales. Éstas se referirán, entre otras, al fomento de la integración social de personas con discapacidad, personas desfavorecidas o miembros de grupos vulnerables entre las personas asignadas a la ejecución del contrato y, en general, a la inserción sociolaboral de personas con discapacidad o en situación o riesgo de exclusión social.

Además, velará por promover el empleo de personas con especiales dificultades de inserción en el mercado laboral, en particular de las personas con discapacidad o en riesgo de exclusión social.

Entre las novedades con respecto a la legislación vigente destaca la aceptación expresa de la concertación social como modalidad no contractual de gestión de servicios públicos de carácter social por parte de entidades no lucrativas del Tercer Sector.

Por último, desde la PTS valoran que gracias a la ley la reserva de contratos para personas con discapacidad en centros especiales de empleo de iniciativa social podrá alcanzar el 10% del total del volumen de contratación.