Según el comunicado suscrito por las cuatro organizaciones, “España cuenta con un sistema de justicia penal plenamente garantista y acorde con los estándares europeos propios de un Estado de Derecho. Sus jueces y juezas son independientes e imparciales”.

El Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos, del que España es parte, reconoce el derecho a un juez independiente y alejado de los intereses de las partes en litigio, añaden, antes de explicar que existen mecanismos legales para apartar del conocimiento de un caso concreto al juez en quien concurra “alguna causa que le impida el ejercicio imparcial de la función jurisdiccional”.

Además, destacan los jueces, “todas las resoluciones judiciales han de estar fundadas en derecho y son revisables por un tribunal superior”. Insisten en que cualquier persona privada de libertad lo está con arreglo a derecho y no “por razón de sus creencias o ideas políticas”, por lo cual “bajo ningún concepto se puede hablar de `presos políticos´ en nuestro país”.

Finalmente indican que “en una sociedad democrática como la española, la fiscalización pública de la actuación de los órganos judiciales les preserva frente a eventuales actuaciones arbitrarias, injustas o irrazonables”.

Firman el comunicado Juezas y Jueces para la Democracia, la Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente.