En un comunicado, el sindicato consideró que la propuesta de los inspectores de Hacienda puede fomentar posibles extorsiones para no ser denunciados y “menoscabar” la intimidad del investigado y la debida protección de sus datos.

Para Gestha, la ley debe garantizar a los confidentes fiscales su indemnidad penal, laboral, económica y social al denunciar fraudes tributarios, diferente a pagar unas cantidades indeterminadas por la denuncia a la que está obligado en España cualquier ciudadano que tenga conocimiento de cualquier hecho delictivo.

Los técnicos de Hacienda consideran que en lugar de poner el foco en los confidentes, la Administración Pública debe ser más transparente para que los ‘chivatazos’ no guíen las investigaciones fiscales, sino que ella misma detecte estos casos con sus propios medios.

“Pagar por sustituir la acción de la Agencia Tributaria no es correcto, ni está en línea con la política marcada desde la Unión Europea en relación a la protección jurídica de los confidentes”, destacó Gestha.

Según el secretario general del sindicato, José María Mollinedo, “una administración tributaria moderna no puede ser reactiva y esperar a que lleguen informaciones confidenciales sobre casos de fraude”.