Según informó CCOO, a esta movilización se sumaron también las consejerías y oficinas sectoriales en el exterior, pertenecientes a los diferentes ministerios, además de las embajadas y consulados que forman parte del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.

También participó en la huelga el personal del Instituto Cervantes, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid), el Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX) y Turespaña.

CCOO subrayó que este “seguimiento masivo” de la huelga “no refleja más que el hartazgo” de un colectivo con alrededor de 7.000 empleados públicos que han exclamado “¡Basta Ya!” y han decidido “salir a la calle a manifestar su frustración y a lanzar un ultimátum a una Administración que lleva nueve años ignorándolos”.

Acusó al Gobierno de haber “secuestrado” durante una década la negociación colectiva y de la “precarización” de las condiciones de trabajo del personal del Servicio Exterior, que se traduce, especialmente, en una “drástica congelación salarial”.

“Las condiciones socioeconómicas de la mayoría de los países hace que la pérdida del poder adquisitivo, que ronda ya el 40%, impida a muchas familias llegar a fin de mes”, sentenció el sindicato.

Esto ha llevado a algunos empleados públicos a no percibir el salario mínimo interprofesional del país donde están destinados, tal y como ocurre a los que prestan servicios en Australia.

Ante esta situación, CCOO instó al Gobierno a tener en cuenta el “reclamo unánime” del personal del Servicio Exterior y reiteró la “urgente necesidad” de que el Ministerio de Hacienda y Función Pública, a través de la Comisión Ejecutiva de la Comisión Interministerial de Retribuciones (Cecir), “cumpla de una vez y por todas con los mecanismos de actualización salarial” de este colectivo que están previstos en los Presupuestos Generales del Estado y en el Acuerdo Administración-Sindicatos del año 1990.

También reclamó que se pongan sobre la mesa un “paquete de medidas urgentes” que sirvan para acabar con el “limbo legal” en que se encuentra este colectivo y con la “precarización laboral” que “padece” desde “hace más de 10 años”.