Así lo acordó este viernes el Consejo de Ministros alegando que Cataluña “carece de competencias para la aprobación de una norma con este contenido”, que regula desde el cultivo hasta el consumo y el transporte del cannabis. La legislación regula los clubes cannábicos y evita que la Policía pueda intervenir determinadas plantaciones de marihuana.

El Gobierno central considera que la Generalitat da “amparo legal” en su texto a actividades que “están tipificadas como delito en el Código Penal", por lo que apeló al Tribunal Constitucional para que suspenda cautelarmente dicha ley.

Las comunidades autónomas que han tratado de regular el consumo de cannabis han topado con la negativa del Estado, que ha recurrido ya las leyes promulgadas por los parlamentos navarro –que reguló los clubes cannabicos- y vasco, que desarrolló una norma similar a la catalana.