Méndez de Vigo lanzó la propuesta al diputado de Ciudadanos Toni Cantó, quien acusó a PSOE y PP de “no hacer nada para evitar el adoctrinamiento” de los alumnos catalanes, y también valencianos y de Baleares, en las tesis independentistas.

En su intervención, el ministro aseguró que esa lealtad “la echa en falta no solo en una comunidad, sino en bastantes”, y subrayó que en el ámbito educativo “hemos hecho lo que hemos podido hacer”.

Por su parte, Cantó preguntó a Méndez de Vigo si le parece bien que “a los niños que no participaron en la huelga secesionista se les castigase con más deberes, y si estaba de acuerdo con que se enviasen cartas a los padres para autorizar su ausencia de las clases a fin de asistir a manifestaciones, “quedando así registrado quiénes están a favor de la independencia y quienes no”.

También le interrogó sobre su opinión a propósito de que en las escuelas catalanas “se diga que la ley de mayor rango (en la comunidad) es el Estatut y no se hable nunca de la Constitución”, y lamentó que “lo único que se ha hecho para garantizar el derecho a estudiar en castellano es darles una paguita para que vayan a colegios privados”.

Según Cantó, el Gobierno tiene a su disposición una herramienta que no ha utilizado, la Alta Inspección, y no ha hecho nada. “Estos días estamos viendo los resultados, y si siguen igual, lo mismo sucederá en la Comunidad Valenciana y en Baleares”.

Méndez de Vigo expresó la condena del Gobierno ante estos hechos, y repuso que “el ministro tiene que ajustarse a la legalidad, pues esa es la realidad de las cosas y en España la legalidad establece que las competencias en educación están transferidas a las comunidades autónomas”.

“Las capacidades atribuidas al ministerio son limitadas”, pero una de ellas es la Alta Inspección del Estado, “a la que se pueden dirigir aquellos que crean que sus derechos han sido menoscabados y no encuentren respuesta en la inspección educativa de las respectivas consejerías”.

Indicó que así ha sucedido en el caso de Cataluña y que la Alta Inspección dio el primer paso, enviando cartas a la consejería de Enseñanza catalana. Como la respuesta que esta dio no fue la adecuada, a juicio del ministerio, a partir del 6 de octubre “le hicieron requerimientos legales sobre estos casos concretos, con fechas y nombres de institutos donde se podría haber incurrido en un hecho delictivo”. Según explicó, el último paso es llevar a los responsables ante los tribunales de Justicia”, cosa que sucederá si no “recibimos una respuesta adecuada”.

POLÍTICA 'A LO SINATRA'

“Yo no me puedo inventar otro sistema”, y afirmó que “el modelo ha funcionado cuando ha habido voluntad colaboradora por parte de la Consejería en cuestión”. “El problema en España es que cada comunidad aplica la política ‘a lo Sinatra’, esto es, a su manera, recalcó.

Por eso, “el tema de la lealtad constitucional es una cuestión que está en el aire”, prosiguió, y “por mi experiencia creo que convendría introducirla en el texto” de la Carta Magna, a fin de que se pudiera activar de forma más rápida si en el futuro fuese necesario.

Para Cantó, hablar de lealtad “cuando ha sucedido lo que ha sucedido en Cataluña es de una ingenuidad pasmosa”, e instó al Gobierno a hacer de una vez lo que debe y aplicar el artículo 155 de la Constitución”.

El ministro pidió “aprovechar la oportunidad que ahora nos brinda la negociación en esta Cámara del Pacto de Estado por la Educación” y llegar a un consenso en este sentido. “Sería un mensaje muy positivo para toda la sociedad española”, concluyó.