En una entrevista en Servimedia, Sánchez Mato afirmó que el nuevo PEF que le ha obligado a presentar el Ministerio de Hacienda y Función Pública “en absoluto supondrá ni recortes ni deterioro de las políticas públicas”, con “estrategias” que mostrará en su momento a los grupos municipales y que por respeto a éstos no quiso avanzar.

Preguntado si este año cumplirá con el tope de gasto del que se excedió en 233 millones en 2016, lo que le obligó a presentar un segundo PEF y ahora un tercero, reconoció que “hasta el final de año no se sabe” si se cumple o no. Pero afirmó: “Vamos a presentar un PEF en que nuestra voluntad es cumplir la regla de gasto y crecer en gasto e inversión. Y lo vamos a hacer”.

Sánchez Mato rechazó que el tener que presentar un tercer PEF suponga una derrota en su pulso con el Ministerio, que rechazó su política de compensar con suplementos de crédito y créditos extraordinario sacados del remanente de tesorería las partidas presupuestarias que no pudo ejecutar por los 238 millones que le obligó a inmovilizar Hacienda por el desfase de 2016.

Muy al contrario, el delegado de Economía cree que con el segundo PEF demostró que “había otra forma de hacer un PEF dentro del marco legal existente y sin hacer recortes ni deteriorar las políticas públicas". Y remarcó: “Hicimos acuerdos de no disponibilidad por valor de 238 millones y ya llevamos 405 millones de suplementos de crédito que han permitido hacer las obras. Nuestra estrategia en el marco de la ley está funcionando. Con su marco legal estamos haciendo una gestión brillante”.

Sánchez Mato interpreta que precisamente “ese desempeño provoca la envidia del PP y suscita una posición beligerante del Ministerio de Hacienda contra el Ayuntamiento, que no tiene sentido político más que para intentar sabotear la acción de gobierno” y “les molesta” no haberlo logrado.

Todo ello insistiendo en su convencimiento de que la regla de gasto que limita el incremento que puede invertir cada una de las administraciones españolas al crecimiento de la economía nacional es “una aplicación fuera de lugar, no legal de la Ley de Estabilidad Presupuestaria”, y “claramente interesada que penaliza a un Ayuntamiento que tiene superávit, reduce su deuda y paga a sus proveedores en un tiempo ridículo respecto a los anteriores gobiernos municipales”.